El Gobierno apoyó ayer el derecho de la Generalitat catalana a "informar y animar a los ciudadanos a participar" en la consulta del 18-J, pese a que la Junta Electoral Central ha prohibido que la campaña institucional invite a los catalanes a acudir a las urnas. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, cree que una cosa es "indicar el sentido del voto" y otra muy distinta informar sobre el texto y fomentar la participación. La Moncloa achacó a presiones del PP la prohibición decretada por la JEC.