Los constructores vinculados por el juez a la presunta trama de corrupción municipal en Marbella están consiguiendo eludir el ingreso en prisión. El magistrado que instruye el caso de corrupción urbanística en la ciudad ha dejado en libertad con cargos a siete de los 13 empresarios y promotores detenidos el pasado martes, en algunos casos con fianzas de 300.000 y 500.000 euros. Casi todos han sido acusados de cohecho por haber pagado a miembros del ayuntamiento para sacar adelante proyectos urbanísticos, y otros dos han sido imputados de blanqueo y son considerados testaferros.

Los documentos encontrados durante la primera parte de la investigación en las diversas oficinas del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, están resultando demoledores para los empresarios implicados y desvelan la estructura piramidal de la trama marbellí, en la que se involucra de nuevo a la alcaldesa como una de las mayores beneficiadas de esos pagos. Estos papeles constatan las cantidades que el asesor de urbanismo recibía para conceder licencias o realizar recalificaciones, así como el dinero que podrían haber cobrado los concejales que participaron con su voto en las comisiones de gobierno aprobando dichos proyectos urbanísticos. Fuentes del caso han señalado que algunos concejales han reconocido ante el juez el cobro de estas comisiones de manos de Roca.

Los empresarios detenidos alegan que no se ha examinado su contabilidad para comprobar esos pagos y que las pruebas se basan en anotaciones sin firmar pero con sus iniciales. El constructor malagueño Cristóbal Peñarroya, en libertad tras pagar 30.000 euros, criticó al salir de los juzgados que se le haya detenido cuatro días "solo porque en una nota se dice que pagué 35.500 euros".

"No se ha comprobado mi contabilidad para certificar que esa nota, que no está firmada, es cierta, y por eso yo tengo que pagar una fianza", se defendió. "Si se quieren cargar a Marbella, que no sea a costa de los empresarios". Pero en un desliz, su abogado decía poco antes que su patrocinado no podía ser acusado de cohecho "porque Roca no era un funcionario municipal".

QUEJAS Pese a las quejas de algunas asociaciones de constructores, que se consideran "víctimas" de la extorsión del ayuntamiento costasoleño --aunque no consta ninguna denuncia al respecto--, el juez instructor Miguel Angel Torres sí concede veracidad a esos documentos y confesiones de los exediles del GIL, como prueban las elevadas fianzas que impuso ayer a algunos empresarios: 500.000 euros para Emilio Rodríguez Bugallo, propietario de Construcciones Salamanca y que pagó en metálico a los pocos minutos, y 300.000 euros para el promotor abulense Enrique Ventero. Al cierre de esta edición, seguían declarando Rafael Gómez Sánchez, dueño de la inmobiliaria Arenal 2000, y Fidel San Román, apoderado de la plaza de Las Ventas.