Casi cinco años y medio han pasado desde aquel 20 de octubre del 2011 en el que ETA anunció el final de su lucha armada. Un tiempo en el que no han habido atentados y el paisaje en el País Vasco ha cambiado sensiblemente. Una hora después del histórico comunicado de la banda terrorista José Luis Rodríguez Zapatero compareció para celebrar la noticia. Además de expresar que era una "satisfacción teñida por el dolor y por una violencia que nunca debió producirse y que no ha de volver jamás", advertía que al Gobierno que ganara las inminentes elecciones "le corresponderá conducir esta etapa".

La política de Mariano Rajoy en esta materia ha sido no conceder ni un ápice a los terroristas. El presidente popular se ha mantenido en la vía policial, siendo fiel a lo que que ya anunciaba en una entrevista a este diario tres días después del anuncio de ETA. "A los terroristas hay que aplicarles la ley y punto", sentenciaba durante la campaña electoral que le llevaría a La Moncloa.

"ETA tiene que desarmarse y disolverse. El Gobierno no ha variado su posición ni un centímetro en los últimos seis años", coincidía este mismo viernes el portavoz del Ejecutivo, Iñigo Méndez de Vigo. De nada ha servido la insistencia del PNV, PSE, Podemos y de laizquierda abertzale, que lamentan que no se haya producido un proceso de paz como en Irlanda del Norte o Colombia y que reclaman el acercamiento de los 350 presos vascos que siguen diseminados fuera del País Vasco. Como señalaba el ministro Juan Ignacio Zoido, el Gobierno sigue poniendo como condición para este acercamiento la disolución de ETA, la entrega de armas, arrepentimiento, perdón a las víctimas y resarcir el daño.

Pese a que en febrero del 2014 la banda entregó parte de su arsenal al Comité Internacional de Verificación, ante la falta de avances en diciembre de ese año el Gobierno vasco presentó una propuesta unilateral de desarme. Ya que el Ejecutivo de Rajoy se había negado a implicarse en el desarme, desde Ajuria Enea se propuso crear un “comité para el desarme”, integrado por representantes de la sociedad y las instituciones vascas y también internacionales, como el Comité Internacional de Verificación. La iniciativa, que el lendakari Iñigo Urkullu defendía que podía garantizar una entrega “rápida, viable y efectiva”, volvió a caer en saco roto.

Dos episodios sirven para ilustrar las trabas políticas que ha habido en esta materia. El primero ocurrió el pasado 16 de diciembre. Cinco personas fueron detenidas en una operación de la Guardia Civil contra los arsenales de la banda terrorista ETA en Francia en la que los agentes se han incautado, además, de una cantidad indeterminada de armas y explosivos. Los detenidos estaban desmontando armas procedentes de los arsenales de ETA en un intento de colaborar en el proceso de desarme de la organización terrorista. Uno de los detenidos era el activista Jean-Nöel Etcheverry, quien se ha encargado de anunciar este viernes en 'Le Monde' que piensa acabar lo que la Guardia Civil no le pemitió en su día: participar en el desarme masivo y definitivo de la banda el 8 de abril.

El segundo episodio ocurrió el 19 mayo del 2015, cuando la Mesa del Congreso dio marcha atrás y anuló su anterior decisión de autorizar la celebración en dependencias parlamentarias de un acto conjunto de víctimas de ETA y de los GAL, en el que iba a participar un expreso de ETA, después de las críticas de las principales asociaciones de damnificados del terrorismo y del PP, formación que señaló que podía suponer un acto de "desprecio" a las víctimas del terrorismo. Después de tantos años de dolor y silencio, la reconciliación entre los familiares de las víctimas y los verdugos, que plasma magistralmenteFernando Aramburu en su colosal libro 'Patria', es una senda incluso más difícil que la resolución logística del desarme de ETA.