Han ido a muerte contra nosotros para paralizar nuestra actividad y nuestra campaña en contra de una guerra ilegal e injusta". Así de contundente se mostraba ayer el director nacional de Greenpeace, Juan López de Uralde, tras finalizar en Cádiz la vista oral contra cinco ecologistas detenidos frente a la base norteamericana de Rota mientras protestaban contra la guerra de Irak.
La asociación cree que lo que se está juzgando es la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, y así lo denunciaron los inculpados en el alegato final del juicio, que ha quedado visto para sentencia.
EL ´RAINBOW WARRIOR´ Se trata de la primera vez que Greenpeace se enfrenta a una pena de cárcel por sus protestas. Los hechos se produjeron el 14 de marzo de 2003, cuando el buque Rainbow Warrior se trasladó a Rota y trató de colocar varias pancartas contra la guerra en Irak. Dos activistas fueron detenidos en tierra y poco después el barco de Greenpeace --según la organización-- recibió orden de dejar la bocana del puerto. Al no obedecer, la Guardia Civil lo abordó, lo remolcó a Cádiz y arrestó a sus tres tripulantes.
La fiscalía terminó acusando a los cinco activistas --dos voluntarios, el capitán del barco, el director de campaña y un técnico del buque-- de desobediencia, resistencia a la autoridad y lesiones a dos agentes.
ACUSACIONES DESMONTADAS Según López de Uralde, la declaración de los testigos durante cuatro horas y media ha dado la razón a Greenpeace al desmontar las acusaciones de la fiscalía, que ha rebajado la calificación del delito de lesiones a dos agentes al caer un portillo del barco, estimando que se debieron a una imprudencia. Así, la petición de penas oscila ahora entre los 3 años de cárcel para el capitán y los 9 meses para los dos voluntarios.
La organización mantiene que se trata de unas penas "desproporcionadas" que "sientan un grave precedente" para unas protestas pacíficas y medioambientales que los imputados, según reconocieron al juez, "volverían a repetir en defensa de la paz". No obstante, se consideran ya absueltos gracias al apoyo de la gente y "al 90% de los ciudadanos que rechazaron la guerra". Para el director de Greenpeace, el fiscal ha querido criminalizarles, incurriendo incluso en "graves errores de forma".
