El fiscal de Madrid presentó ayer una querella en la que acusa de corrupción a Francisco Vázquez y Francisco Bravo, los promotores del PP ligados al desertor del PSOE Eduardo Tamayo. La querella, que destapa una multimillonaria trama urbanística en Alcorcón (Madrid), imputa a los dos empresarios, al exalcalde Pablo Zúñiga (PP) y a cinco personas más los delitos de asociación ilícita, prevaricación y cohecho.
El escrito relata que los promotores Vázquez y Bravo "detentan mediante opciones de compra una parte muy significativa de los terrenos" recalificados por Zúñiga en el Programa de Actuación Urbanística (PAU) denominado Ampliación de Campodón. Por ello el fiscal pide al juez de Alcorcón que ordene a la Guardia Civil el registro de la firma VAZ Inversora e Inmobiliaria S.A., propiedad de ambos empresarios.
El pelotazo urbanístico, que fuentes de la investigación cifran en 6.000 millones de euros (un billón de pesetas), consistía en la recalificación de una vasta extensión de terreno en Alcorcón, ciudad de 160.000 habitantes que el fiscal Emilio Valerio Martínez define como "la mayor reserva de suelo urbanizable de la corona de Madrid". Los empresarios Vázquez y Bravo aparecen como partícipes en una de las cinco operaciones descritas.
BURLA A LA VIVIENDA SOCIAL
Burlando el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento rebajó significativamente el porcentaje de viviendas sociales, con lo que el valor de metro cuadrado urbanizable aumentó de forma espectacular.
Con todo, esta trama especulativa estaba a expensas de que el nuevo Gobierno madrileño validara dichas decisiones. Según Luis Eduardo Cortés, exconsejero del presidente madrileño en funciones, Alberto Ruiz-Gallardón, la Comunidad de Madrid rechazó en dos ocasiones las modificaciones propuestas por Zúñiga.
Relata la querella que desde 1999 el popular Zúñiga, derrotado en las elecciones del 25-M, "se ha concertado con determinados especuladores de terreno y constructores" para que "especulen con la información privilegiada" que les proporcionaba. También asegura que el exalcalde del PP "se ha concertado con un técnico ad hoc, por él elegido, propiciando propuestas técnicas de recalificación favorables a aquellos intereses privados, y absolutamente contrarias al PGOU".
La fiscalía denuncia que Zúñiga, su concejal de Urbanismo, Fernando Díaz Robles, y el arquitecto Arnaiz pactaron con otros dos querellados, Juan Benigno Alonso y Francisco Díaz Moñux --condenado a nueve años de cárcel por tráfico de drogas--, que éstos últimos compraran la finca Venta de la Rubia, entonces no urbanizable, a un precio de 28 euros por metro cuadrado. Cuando el ayuntamiento recalificó el terreno como urbanizable, su precio subió a 132 euros por metro cuadrado, y se elevó hasta los 360 euros al acordar la corporación que no acogería todas las viviendas de protección pública que preveía la Comunidad. En suma, sólo esta operación generó unas plusvalías de 693 millones de euros.
El exalcalde de Alcorcón, por su parte, aseguró a la cadena SER que no conoce "en absoluto" al empresario Francisco Bravo ni al resto de los promotores que figuran en la querella. "No conozco ni he tenido ninguna relación con el resto de los querellados", afirmó Zúñiga.
