Un duelo en toda regla. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, atacó ayer la decisión de su amigo Baltasar Garzón de abrir una causa general al franquismo. El fiscal le acusó de ser un "inquisidor general" y de "diseñar un singular andamiaje jurídico" para declararse competente de un sumario que, a su juicio, no tiene encaje en el proceso penal.

Zaragoza, en un escrito de 40 folios, solicita al pleno de la sala penal que intervenga "por la naturaleza y trascendencia" del asunto. Con este recurso, el fiscal evita recurrir ante el juez, a pesar de que Garzón le abrió esta vía el pasado viernes al transformar sus diligencias previas en sumario. "El proceso se configura con un sistema de recursos (...) que el órgano jurisdiccional no puede alterar discrecionalmente en su propio interés", afirma.

Después rebate todos los argumentos del juez. Garzón imputa al general Francisco Franco y a otros 34 militares un delito de desaparición forzada en concurso con un crimen contra la Humanidad. Por ello, sostiene que los hechos no han prescrito al ser delitos permanentes y al anular la ley de amnistía de 1977.

LA PRESCRIPCION Sin embargo, para Zaragoza los crímenes de Franco se han extinguido porque se cometieron "en el mejor de los casos hace casi 60 años"; porque "es público y notorio" que las víctimas fueron ejecutadas entonces, y porque los autores han fallecido. Además, afirma que los crímenes del franquismo no son una desaparición forzada, sino asesinatos que prescriben a los 20 años.

Asimismo, el fiscal tilda de "disparate jurídico" la decisión de Garzón de anular la ley de amnistía y de "atribuirle el estigma de ley de impunidad". Zaragoza defiende esta norma porque "todo su proceso de gestación y aprobación" respondió a una exigencia "de las fuerzas políticas democráticas" aprobada por las Cortes. Además, el fiscal explica al juez que si no le gusta esta ley lo que debería haber planteado es una cuestión de inconstitucionalidad. En su escrito, y a pesar de sus reproches a Garzón, la fiscalía realiza una defensa cerrada de las víctimas de la contienda. Considera "justa" su pretensión de "recuperar la memoria y la dignidad" de sus familiares. Pero alega que estos objetivos quedan recogidos en la ley de memoria histórica que "habilita a las administraciones públicas y al Gobierno" a adoptar medidas que garanticen "los derechos de las víctimas".

En este sentido, subraya que la fiscalía nunca se ha opuesto a la "localización, identificación y exhumación" de los desaparecidos "en este periodo negro de nuestra reciente historia". Y explica que estas labores se pueden llevar a cabo sin que actúe un juez a quien no le compete dirigir esta investigación.

Las asociaciones de familiares de desaparecidos anunciaron que emprenderán las acciones legales pertinentes para expresar su rechazo a la decisión de la fiscalía y apoyar a Garzón. La secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, aseguró que "ningún fiscal de ninguna audiencia va a romper el proceso de reconocimiento de las víctimas del franquismo que tarde o temprano se va a abrir en este país".

Así, el presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica, José María Pedreño, vaticinó que la "batalla jurídica" será complicada, tras el recurso y las "elocuentes" declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando dijo que el franquismo "está absolutamente juzgado por la historia".

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, señaló que fueron la guerra civil y el franquismo los que actuaron como una verdadera "inquisición", por lo que reclamó "justicia".