La fiscalía de Avilés rechazó la petición de la Guardia Civil para avanzar en la investigación sobre la trama de la dinamita del 11-M. Según un informe que el Ministerio del Interior envió ayer a la comisión parlamentaria sobre la masacre, un año antes de los atentados "los fiscales de Avilés" estimaron insuficiente el dato de que Antonio Toro Castro poseía 150 kilos de explosivo y traficaba con drogas para facilitar la intervención telefónica y los mandamientos de registro de sus propiedades, las de su cuñado Emilio Suárez Trashorras y las de "un tercer objetivo" no concretado.
El informe señala que los fiscales no consideraron relevante el robo y tenencia de la dinamita.
