La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, asumió ayer la denuncia presentada por IU por la adjudicación por parte del Ministerio de Trabajo a una empresa presidida por el exportavoz del Gobierno Miguel Angel Rodríguez de una campaña de publicidad sobre la revalorización de las pensiones.
La Fiscalía Anticorrupción informó ayer de que había abierto unas diligencias para investigar esa adjudicación, que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 30 de enero. Ese día, el subdirector general de gestión económica y presupuestaria, Javier Aragón, firmó una resolución de la dirección general del Instituto Nacional de la Seguridad Social que adjudicaba por "procedimiento negociado, sin publicidad" una campaña de publicidad sobre la revalorización de pensiones en el año 2003 y el abono de una paga única para compensar el mayor crecimiento del índice de precios al consumo.
7 MILLONES DE EUROS
La empresa elegida fue Carat, presidida por Rodríguez, que percibió siete millones de euros (1.166 millones de pesetas) por una campaña en la que unos jubilados elogiaban el compromiso del Gobierno de cumplir su promesa de compensar sus pérdidas retributivas por el aumento del IPC.
IU denunció esa adjudicación por entender que se realizó "a dedo, sin concurso y trámite previo". La coalición sostiene que la ley de contratos del Estado impide la adjudicación directa por importe superior a los 3 millones de euros (500 millones de pesetas) sin que concurran tres ofertas distintas. Por ello, IU mantiene que esos hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.
INFORMACION A TRABAJO
Fuentes de Anticorrupción indicaron ayer que la denuncia aún no había sido repartida a ningún fiscal y que, de momento, se han limitado a solicitar a la Seguridad Social el expediente completo de la concesión. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, declaró ayer que su departamento pondrá a disposición de la fiscalía toda la información que solicite sobre este asunto.
Por su parte, Rodríguez aseguró que su empresa seguirá presentándose a concursos. "Si somos los mejores, los ganaremos", apostilló. Además, defendió la legalidad de la adjudicación. "Teníamos el mismo derecho que cualquier agencia, como ha indicado nuestro consejero delegado", dijo el antiguo colaborador de José María Aznar.
El exportavoz del Gobierno también recriminó a los que piensan que ha recibido un trato de favor por parte de la Administración. "Si alguien cree que porque yo presido esta empresa multinacional va a haber una financiación ilegal de un partido, está loco". Y se comprometió a colaborar con la fiscalía: "Estamos abiertos a que nos pidan cualquier tipo de información".
No obstante, Rodríguez expresó su extrañeza por esta investigación. "Personalmente me suena sorprendente que la primera multinacional europea y española del sector sea denunciada porque ha conseguido por primera vez en cuatro años un concurso de la Administración", agregó.
ILEGALIDAD
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, anunció ayer que ha pedido la comparecencia de Zaplana en el Congreso para que explique estos hechos y reiteró que la adjudicación de la campaña a la empresa del exportavoz fue "irregular e ilegal".
