El juicio contra los tres agentes que detuvieron a dos militantes del PP por agredir al exministro de Defensa José Bono quedó ayer visto para sentencia. El fiscal admitió ayer que sí que se detuvo a los afiliados conservadores, pero consideró el arresto justificado y que no respondió a ningún "credo político". La acusación, por su parte, pidió entre 4 y 10 años de cárcel.
El fiscal argumentó que las detenciones se realizaron para "dilucidar" una serie de preguntas "de claro carácter incriminatorio" --si se agredió o no al ministro-- y no de una "manera arbitraria".
La acusación, ejercida por el PP en nombre de los militantes Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz consideró que no sólo se han esclarecido los hechos, sino que se ha puesto de manifiesto que "todo fue una manipulación y una alteración de la realidad".
