El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Almería, Juan Manuel de Oña, recurrió ayer la decisión de la juez de Roquetas, Estefanía López, de dejar en libertad provisional con cargos al teniente y a un guardia imputados en la muerte de Juan Martínez Galdeano por entender que "subsisten los mismos motivos" que le llevaron el pasado lunes a solicitar el ingreso en prisión de ambos. El fiscal argumenta que "es necesario asegurar la fuente de la prueba" y pide la prisión del oficial y del guardia por "el riesgo de que entorpezcan las pruebas".
El escrito dice que los imputados emplearon "medios inadecuados y peligrosos", afirma que hubo "extralimitación en el uso de la fuerza" e insiste en que hay "indicios de trato degradante" que son imputables al teniente y a un guardia como principales responsables. El fiscal elevará sus conclusiones a definitivas cuando se realicen las pruebas testificales y periciales que ha solicitado para aclarar la autopsia.
OTRAS DENUNCIAS Mientras, el letrado Francisco de Asís Ferré presentó ayer una denuncia contra el teniente y dos de los guardias imputados en la muerte de Martínez como autores de presuntos delitos de "torturas y detención ilegal" de un joven de 25 años al que arrestaron el 19 de junio del 2004 y mantuvieron tres días en el cuartel. Contra este joven pesa, a su vez, una causa por tenencia de hachís. En su comparecencia del jueves, el ministro del Interior, José Antonio Alonso, reconoció la existencia de esa denuncia y de otra, presentada en febrero contra el mismo teniente por el padre del joven Juan Antonio San Martín, quien fue interceptado, golpeado, esposado y pasó tres días en el calabozo, donde recibió palizas. Los juzgados realizaron diligencias ante el cuartel, cuyo jefe era el teniente acusado, y las archivaron. Las dos se reabrirán.
Sobre la extraña mutilación de varios párrafos del informe de la autopsia, enviado por el juzgado a las partes y que aludían a las causas más probables de la ruptura del esternón del fallecido, el delegado de la Consejería de Justicia en Almería, Manuel Ceba, dijo que los faxes de los juzgados "no han estado averiados, al menos, desde la última revisión, realizada el 15 de julio". Los técnicos comprobaron ayer que el fax desde el que se envió el documento, no tenía tinta. Pero esa circunstancia sólo afecta a la recepción y no al envío. La supresión de los párrafos más comprometedores fue realizada en el séptimo folio. El octavo salió bien.
El portavoz del Consejo del Poder Judicial, Enrique López, manifestó su "máximo apoyo" a la juez y dijo no entender por qué no utilizó el correo electrónico en vez del fax.
