El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenó ayer a la fiscalía de la Audiencia Nacional que solicite hoy al juez Fernando Grande-Marlaska que prohíba la asamblea que ha convocado Batasuna el día 21 en Barakaldo (Vizcaya) para elegir a la nueva dirección política.

El juez de la Audiencia Nacional celebra hoy una vista para pronunciarse sobre ese congreso. El magistrado había decidido actuar por propia iniciativa tras tener conocimiento de la convocatoria de la organización aberzale. Baltasar Garzón suspendió las actividades de Batasuna en agosto del 2002 por ser un instrumento de ETA. En marzo del 2003, el Tribunal Supremo ilegalizó a la fuerza aberzale por el mismo motivo.

RECURSO CRITICADO Desde su ilegalización, Batasuna ha dejado formalmente de existir. Por este motivo, el fiscal renunció a instar en agosto una prórroga de la suspensión de actividades de Batasuna. Este hecho es subrayado por Conde-Pumpido, quien critica que el juez lo haya pasado por alto y haya optado por recurrir al proceso penal.

Por contra, el fiscal del Estado considera que, en este caso, debería haber actuado el Tribunal Supremo --que aplica la ley de partidos--, pero, ante la decisión de Grande-Marlaska, optó por exponer su postura para dejar cerrado el asunto.

Conde-Pumpido explica al juez que la ilegalización de Batasuna sólo afecta "al funcionamiento y a la actividad" de los partidos u organizaciones disueltas y que no se extiende a "las actividades individuales o colectivas" de las personas que han pertenecido a dichos organismos.

Es más, el fiscal aclara al magistrado que la ley de partidos no impide que "las mismas personas que integraron Batasuna constituyan una nueva formación política cuyos medios y fines se ajusten a la Constitución".

ACTOS INDIVIDUALES También le señala que la creación de esa nueva formación "sólo sería posible mediante una acción organizada y conjunta de dichas personas, que no podría resultar impedida, sin evidente lesión de sus derechos fundamentales, por la extensión de las consecuencias de la disolución".

No obstante, Conde-Pumpido apoya que se suspenda el acto de Batasuna después de que dos informes policiales aseguren que la convocatoria ha sido promovida por quienes "de manera explícita se autoproclaman representantes y responsables de la ilegalizada" organización.

Por ello, el fiscal admite que ese acto "presenta indicios concluyentes de que, de llegar a producirse, incidiría previsiblemente en la conducta delictiva asociación ilícita que dio lugar en su momento a la suspensión de dicha fuerza política".

Conde-Pumpido también apoya que la decisión judicial afecte a los dos actos programados por la formación ilegal: la elección de sus representantes "en un lugar desconocido" y la presentación pública de los mismos o "de su oferta política" en un "acto de carácter multitudinario". El fiscal reclama que la prohibición se reduzca a esos dos actos "concretos" y, por ello, se opone a que se prorrogue la suspensión de las actividades de Batasuna.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, acusó anoche al fiscal general de haber "mareado la perdiz" con la prohibición del acto de Batasuna. Según Rajoy, se ha limitado a dejar el asunto en manos del juez Grande-Marlaska cuando, a su juicio, debería haber instando ya al Tribunal Supremo a impedir la celebración de dicha asamblea. Rajoy había enviado un escrito a Conde-Pumpido en el que tachaba de ofensa al sentido común que se diferenciara a Batasuna como fuerza política de sus integrantes.