El fiscal ha pedido ocho años de cárcel para el financiero Javier De la Rosa, y ocho años y dos meses para el ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez y para su hijo, en su escrito de acusación sobre la supuesta trama de corrupción en Hacienda destapada a finales de los años 90 en Barcelona. El fiscal pide en total penas que suman 126 años de cárcel para los catorce acusados, entre los que se encuentran ex altos cargos e inspectores de Hacienda de la década de los noventa, que mantuvieron "corruptos contactos" con empresarios que les aportaron "significativas recompensas económicas" para que actuaran de forma "torticera e irregular" en las inspecciones.
Entre los acusados también figuran el ex jefe de la dependencia regional de inspección de Cataluña, Josep Maria Huguet, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel, el ex inspector Manuel Abella (19 años), el abogado Juan José Folchi (12 años) y el que fue candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984, Eduardo Bueno (4 años).
A lo largo de las 349 páginas de su escrito, los fiscales Fernando Rodríguez Rey y Emilio Jesús Sánchez Ulled también piden el pago de una multa de cuatro millones de euros a Huguet, Folchi y De la Rosa y de 2 millones y medio de euros a José Luis Núñez Clemente y la misma cantidad a su hijo, Josep Lluís Núñez Navarro. En concreto, el financiero Javier de la Rosa está acusado de un delito de cohecho activo, uno continuado de prevaricación y uno de falsedad en documento oficial, mientras que José Luis Núñez Clemente y su hijo, Josep Lluís Núñez Navarro, están acusados de los delitos de cohecho activo y falsedad en documento oficial.
Beneficios a discreción
Esta trama se comenzó a investigar cuando se desglosaron las diligencias del "caso Torras" y se abrió una nueva causa a Josep Maria Huguet, Ernesto Aguiar -que ha sido exculpado- y otros dos inspectores de Hacienda, Manuel Abella y Roger Bergua, por las irregularidades en la inspección de algunas empresas, como el grupo Torras, el grupo Núñez y Navarro, el grupo Ibusa y el grupo Kepro.
Según la fiscalía, Josep Maria Huguet y el jefe de la unidad regional de inspección, Manuel Abella, son autores de los delitos de cohecho pasivo, prevaricación, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos. Para la fiscalía, Huguet, Bergua (para quien pide 9 años), Abella y Álvaro Pernas (22 años), "excitados por las ventajas patrimoniales" que les ofrecieron los empresarios imputados, "torcieron intencionadamente el ejercicio de sus funciones públicas" de inspección de Hacienda para beneficiarles.
Según la fiscalía, los mandos e inspectores de Hacienda acusados actuaron ilícitamente de forma individual y separada, aunque sellaron un "pacto de silencio" para trabajar en un clima "de no injerencia y conveniente silencio, pues a ninguno de ello les favorecía inmiscuirse en los asuntos de los demás". La acusación entiende que los empresarios imputados otorgaron ventajas patrimoniales a los mandos e inspectores de hacienda acusados, cada uno a su nivel administrativo de responsabilidad, para que aplicaran de forma "interesadamente torcida las facultades de inspección tributaria" sobre sus empresas.
De esta forma, "obviaron toda comprobación efectiva de los elementos fiscalmente irregulares, omitiendo en su caso la denuncia de posibles delitos fiscales cometidos y favoreciendo que el desenlace de las comprobaciones resultara inocuo para los afectados". Entre los acusados también figuran el responsable del departamento de gestión de impuestos de Núñez y Navarro, Salvador Sánchez Guiu, para quien el fiscal pide 7 años y 8 meses y una multa de 2,5 millones de euros; el ex directivo de Ibusa Francisco Colomar (3 años y 6 meses); y el asesor fiscal del grupo Kepro, Juan Antonio Sánchez Carrete (6 años y cuatro meses).
