El juicio que ayer se celebró contra cinco activistas de Izquierda Castellana por pintar una estatua de Franco se convirtió en una denuncia contra la exhibición de símbolos franquistas. El fiscal pidió 20.262 euros (3,3 millones de pesetas) para los acusados y 4.062 euros (675.000 pesetas) por los gastos de limpieza en una vista en la que el veterano sindicalista Marcelino Camacho declaró como testigo de la represión.

José Antonio Torre, José Paulino Reyero, Luis Nicanor Ocampo, Diego Estébanez y Juan Carlos Gómez fueron juzgados por un delito de daños por pintar de rojo el 19 de mayo del 2001 la estatua ecuestre de Franco que se exhibe en la plaza de San Juan de la Cruz de Madrid.

Reyero y Ocampo explicaron que habían actuado así para poner de manifiesto "la humillación" que significa para "miles de personas que sufrieron la represión franquista" la exhibición de este tipo de símbolos.