La Fiscalía del Tribunal Supremo se querelló ayer contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, el vicepresidente primero, Gorka Knörr (EA), y la secretaria segunda de la mesa, Kontxi Bilbao (IU), por un delito de desobediencia. El fiscal sostiene que los tres parlamentarios han incumplido de forma "abierta e intencionada" el mandato del Supremo de disolver Sozialista Abertzaleak (antes Batasuna).
La querella, presentada en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha sido redactada por el teniente fiscal, José María Luzón. El delito está castigado por el Código Penal con multa de tres a 12 meses e inhabilitación de seis meses a dos años.
El fiscal justifica su demanda en que por parte de esos miembros de la mesa existe una "abierta negativa, aunque enmascarada habilidosamente, bajo la hábil dirección de Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa, cuyo cumplimiento había sido reiterado y emanaba de un órgano judicial competente".
"NEGATIVA INTENCIONAL"
Para la fiscalía, no era posible que se pudiera cuestionar la decisión del "más alto tribunal de la nación" y, por tanto, sostiene que lo único que se podía hacer era obedecer. Sin embargo, Atutxa, Knörr y Bilbao optaron por una "negativa voluntaria e intencional", según la querella.
El fiscal acusa a los parlamentarios de haber recurrido a un "subterfugio" para incumplir la orden del Supremo de disolver al grupo heredero de Batasuna, ya que optaron por modificar el reglamento de la Cámara. Para la fiscalía ese camino fue "un fraude de ley", ya que aunque el reglamento no prevé "expresamente este supuesto" (la disolución judicial de un grupo), el requerimiento del Supremo "era claro y carente de ambigüedades".
Por ello, a la fiscalía no le caben dudas de que la actuación de estos tres parlamentarios demuestra una "clara voluntad dilatoria y obstruccionista". Además, para el fiscal la decisión de Atutxa de permitir participar a los miembros del grupo de Arnaldo Otegi en la junta de portavoces --que debía aprobar la reforma reglamentaria-- fue "una burla" porque se "contabilizó su parecer", a pesar de haber sido disuelto judicialmente (en realidad, los votos de SA no fueron decisivos).
Luzón analiza el Estatuto de Euskadi para descartar que los parlamentarios puedan invocar que gozan de inviolabilidad. "Las actividades de carácter gubernativo, de administración, de organización interna, no quedan amparadas por la inviolabilidad, que no es un privilegio personal sino una garantía del independiente ejercicio de las funciones atribuidas al Parlamento", subraya.
El fiscal pide a los jueces que llamen a declarar como imputados a Atutxa, Knörr y Bilbao y que reclamen las actas de la mesa y la junta de portavoces. También propone como testigos al vicepresidente segundo de la mesa, Carmelo Barrio (PP), y al secretario primero, Manuel Huertas (PSE).
