El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira instó ayer el procesamiento por su presunta relación con el 11-M de cuatro musulmanes detenidos en Girona en enero del 2003. El fiscal sostiene que se les han intervenido teléfonos móviles que han sido manipulados de manera similar a los empleados por los autores de la masacre de Madrid y del atentado de Bali (Indonesia), perpetrado en octubre del 2002, y que causó la muerte a 202 personas y provocó heridas a 300.

Los cuatro están en prisión desde el día 24 por orden del juez Baltasar Garzón que les acusa de formar parte de una "célula de infraestructura y apoyo logístico" a la organización argelina Grupo de Protectores de la Corriente Salafista. Los imputados estaban en libertad por orden de Guillermo Ruiz Polanco, que ha sido suspendido por el Consejo del Poder Judicial.

Por otra parte, el juez Juan del Olmo amplió ayer la detención de Antonio Toro Castro, cuñado del también detenido, José Emilio Suárez Trashorras. Ambos están acusados de haber facilitado el explosivo usado el 11-M. La prórroga se acordó a la espera de una "diligencia importante" que se practicará hoy.

Además, el magistrado liberó a Mustafá Ahmidam, hermano de uno de los seis terroristas huidos. Hoy declaran los cuatro últimos detenidos.