El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach sopesa pedir hasta 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarin por las irregularidades cometidas por el duque de Palma al frente del Instituto Nóos. Asimismo, el fiscal estudia solicitar en torno a 15 para su socio en la entidad sin ánimo de lucro, Diego Torres, y entre 5 y 15 para el expresidente balear Jaume Matas. En total, Horrach podría acabar reclamando el procesamiento de 16 de los 41 imputados que suma hasta ahora el caso, y penas que oscilan entre los 75 y los 132 años de prisión.

Esta solicitud de penas podría reducirse en el caso de que los principales imputados admitan su culpabilidad y reparen el daño causado. El pacto entre Urdangarin, Torres y la fiscalía se ha buscado sin éxito hasta hace pocos meses por parte de los primeros, ya que el ministerio público en ningún caso contempla penas inferiores a dos años, una opción que permitiría evitarles el ingreso en prisión.

Por otra parte, Anticorrupción calibra solicitar en su escrito final de acusación que se retire la imputación del secretario de las infantas y extesorero del Instituto Nóos, Carlos García Revenga. La decisión no está cerrada, pero Horrach podría cambiar el criterio mantenido hasta ahora de que la infanta Cristina era la única de los cinco miembros de la junta directiva de Nóos que desconocía la gestión.

LA PRUEBA DE LOS CORREOS Según argumentó en su día el representante del ministerio público, la hija del Rey era una vocal sin poder ejecutivo, mientras que García Revenga ocupaba el puesto de tesorero. En su tesis, pesaban, además, los correos aportados a la causa y que avalaban consultas de Urdangarin al secretario de las infantas sobre diversos asuntos. Sin embargo, en el escrito de acusación final Horrach podría dejarle fuera de la lista de imputados al haber cotejado dichas pruebas con su declaración en el juzgado.

La misma suerte del secretario de las infantas podría correr la esposa del exsocio de Urdangarin, Ana Maria Tejeiro. Su defensa ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que considera un trato discriminatorio respecto a Cristina de Borbón, ya que las dos participaban con sus esposos en las sociedades a las que se desviaron fondos públicos captados por la fundación, pero la infanta tenía, además, un puesto en la junta directiva de Nóos. Asimismo, la Agencia Tributaria la exoneró de toda responsabilidad en la gestión del entramado Nóos.

Cuando todavía queda por resolver por parte del juez si acepta la declaración como testigo del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por los 144.000 euros pagados por la candidatura olímpica de Madrid-16 a la tercera de las entidades creadas por Urdangarin, la Fundación Cultura, Deporte e Integración Social, gana peso el mantenimiento como imputada de Mercedes Coghen, delegada del evento, por parte de la Fiscalía Anticorrupción en su escrito final de acusación.

Finalmente, la transcripción de la declaración que la infanta prestó el sábado podría tardar días, incluso semanas, en llegar a las partes, ya que todavía deben realizarse las de las últimas declaraciones de Valencia y las de los tres inspectores de la Agencia Tributaria, la jefa de la Brigada de Delincuencia Económica y de los representantes de empresas a las que prestó asesoría Urdangarin.