El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que velará para que Batasuna no pueda presentarse a las próximas elecciones vascas, previstas para mayo. Conde-Pumpido dijo que hará que "se cumpla la ley de partidos", aprobada en la pasada legislatura y que permitió la ilegalización de Batasuna. Según el fiscal general, Batasuna no podrá participar en las elecciones vascas "se llame como se llame, o lo intenten como lo intenten".
De esta forma, Conde-Pumpido quiso cerrar toda posibilidad a que Batasuna logre acudir a las elecciones mediante una lista con otro nombre que no fuera impugnada por la fiscalía.
El fiscal general recordó también que el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, ya "está sujeto por una persecución por parte del ministerio fiscal". Otegi es objeto de una querella por un supuesto delito de "enaltecimiento del terrorismo" que está pendiente de ser admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Otegi tiene otra querella anterior por otro supuesto acto de "apoyo al terrorismo" y por la que ha sido llamado a declarar hace pocos días.
REUNION CON ARALAR Mientras, una delegación de Batasuna se reunió ayer en Pamplona con representantes de Aralar, formación escindida de la primera y que sí condena la violencia, para analizar la situación política.
La reunión se produjo a iniciativa de la coalición ilegalizada. Según fuentes de Aralar, Batasuna insistió en que su propuesta de "sacar el conflicto vasco de las calles y llevarlo a la mesa de negociación y diálogo" es una oferta que "va en serio". "Nos han dicho que esperan que el Gobierno sea responsable y que haga algún gesto para buscar una solución al conflicto", añadieron las mismas fuentes. Aralar expresó a Batasuna que la solución pasa por una tregua de ETA.
