La fiscalía de Madrid no se conforma con investigar sólo la trama de Alcorcón, una multimillonaria operación urbanística que atribuye, entre otros, al exalcalde popular Pablo Zúñiga y los promotores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, militantes del PP y vinculados al tránsfuga del PSOE Eduardo Tamayo. El fiscal ha solicitado a la Guardia Civil que revise el papel de ambos promotores y de Euroholding, su grupo empresarial, en las recalificaciones de terrenos aprobadas en 11 municipios madrileños desde 1999.
Además de Alcorcón, la fiscalía analiza las operaciones urbanísticas desarrolladas en ocho municipios gobernados por el PP --Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Arroyomolinos, Brunete, Sevilla la Nueva, Villamantina, Villamanta y Boadilla del Monte-- y dos controlados por el PSOE: Aldea del Fresno y Humanes.
El fiscal quiere que la Guardia Civil le remita "con carácter urgente" los nombres de las personas y empresas que integran "las juntas de compensación" constituidas desde 1999 en estas localidades. La junta de compensación es el órgano que agrupa a los propietarios de terrenos afectados por un proyecto urbanístico y que se crea cuando un ayuntamiento recalifica una zona para convertirla en urbanizable.
