Un día después de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abriera una polémica sin precedentes al acusar a la Policía de obedecer solo al juez Baltasar Garzón y hacer caso omiso al ministerio público a la hora de facilitar datos para impugnar las listas aberzales, la fiscalía de la Audiencia Nacional logró que el magistrado deje de instruir un caso muy jugoso por sus repercusiones internacionales: la querella interpuesta contra varios miembros de la Administración de George W. Bush por la apertura de Guantánamo.

La fiscalía remitió ayer un informe a Garzón en el que se opone a que el juez admita la demanda, calificada por Conde-Pumpido de "fraudulenta", pero donde también le solicita que devuelva la misma al decanato para que, "en estricto cumplimiento de las normas de reparto", se envíe al juzgado dirigido por Ismael Moreno, que ya investiga los vuelos de la CIA con destino a Guantánamo y otras cárceles secretas de EEUU, para que sea él quien "proceda a su inadmisión a trámite".

En su escrito, el fiscal carga contra el decano, Santiago Pedraz, al juzgar que "no es aceptable" que remitiera la querella al juzgado de Garzón porque los demandantes alegaran que este ya ha investigado a personas procesadas por terrorismo y que estuvieron presas en Guantánamo. "Los hechos relatados en la querella son radicalmente distintos", sostiene el fiscal, que subraya la paradoja de que en aquel sumario eran investigados como culpables y ahora serían las presuntas víctimas de las torturas.

LA RESPUESTA Horas después, Garzón, que en otras causas ha defendido su competencia a capa y espada, decidió hacer caso de la recomendación fiscal y enviar la causa al decanato para que la reparta de nuevo. Por otra parte, el fiscal anunció que pedirá a Pumpido que se fijen criterios claros que delimiten la condiciones mínimas exigibles para que la Audiencia ejerza la jurisdicción universal.