El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado a las fiscalías provinciales de Catalunya investigar "las campañas de odio, amenazas y coacciones" dirigidas a alcaldes, funcionarios y particulares contrarios a colaborar con el referéndum del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional. Dichas amenazas, según la instrucción dirigida a las Fiscalías, podrían ser constitutivas de un delito de odio en tanto que promueven la hostilidad hacia determinadas personas por motivos ideológicos o políticos.

A raíz de la convocatoria del referéndum y de la negativa de alcaldes y funcionarios a participar en la organización aparecieron carteles con la foto de algunos de estos representantes públicos con el objeto de señalarles como contrarios a la independencia de Catalunya. Algunos de estos carteles han sido elaborados por las juventudes de la CUP agrupadas en la organización Arran.

"Estas conductas suponen un ataque contra la convivencia pacífica en Catalunya y una grave perturbación de los derechos (...) en cuanto lanzan un mensaje coactivo general dirigido a todas las autoridades, funcionarios y ciudadanos, defensores del Estado de derecho y del ordenamiento constitucional", señala la Fiscalía en la instrucción.

Para evitar que esto suceda, Maza solicita a sus fiscales que reclamen a las fuerzas y cuerpos de seguridad (Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil) que retiren esos carteles intimidatorios y que elaboren los atestados correspondientes identificando a los responsables.

La Fiscalía de Lleida investiga ya quién está detrás de la colocación de carteles en junio con las imágenes de líderes políticos contrarios a la independencia como Inés Arrimadas (Cs), Miquel Iceta (PSC) y Xavier García Albiol (PP) y en los que se podía leer: "Los que niegan el derecho a la autodeterminación son enemigos del pueblo".