La inmunidad no es sólo cosa de las películas americanas. José María Mena, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), se la ofreció el lunes a Juan Antonio Salguero Sánchez, el primer constructor que acudió a la fiscalía para explicar que pagó comisiones del 20% por obras públicas.

Mena, que abrió una investigación tras la intervención parlamentaria de Pasqual Maragall sobre "el problema del 3%" de CiU, tampoco acusará a los empresarios que acudan a la fiscalía en los próximos días para colaborar en las diligencias. Esta forma de proceder de la fiscalía tiene como precedente la causa contra el exjuez Pascual Estevill, condenado a nueve años de cárcel por prevaricación al exigir dinero a cambio de libertades.

MARGEN DE LA JUSTICIA Fuentes judiciales informaron a este diario que Mena piensa aplicar "de la forma más benevolente posible" el artículo 20 del Código Penal, que exime a los que cometan o participen en un hecho delictivo acuciados por un "estado de necesidad". Este extremo podría aplicarse en este caso, ya que Salguero y otros empresarios afectados se quejan de que no podían obtener concesiones de obra pública si no pagaban comisiones. Además, el capítulo tercero del Código Penal de 1995 establece las circunstancias que "atenúan la responsabilidad criminal", que pasan por una colaboración en la investigación.

La legislación otorga a la fiscalía un amplio margen para negociar con los denunciantes y colaboradores. Contempla, desde la inculpación, si el soborno ha partido del empresario, hasta la exoneración total, si ha sido víctima de chantaje y su información a la fiscalía es relevante para el esclarecimiento del caso.

En la investigación abierta el 25 de febrero, el fiscal pretende utilizar "al máximo" las prerrogativas legales para encontrar aliados entre los constructores.

CHANTAJE El verdadero objetivo de Mena es la obtención de pruebas contra algunos altos funcionarios de las empresas públicas GISA y Adigsa, sospechosos de chantajear a empresarios a cambio de facilitarles trabajos de construcción de obra pública o rehabilitación de viviendas sociales. La fiscalía solicitará en los próximos días información a la Generalitat sobre determinados funcionarios y exempleados públicos.