La fiscalía ha ordenado investigar al equipo de gobierno de Rosas (Alt Empordà), formado por PSC, ICV, PP y GIR por supuestos pagos fraudulentos. El caso se ha abierto a raíz de una denuncia de CiU que afirmaba que el ayuntamiento habría pagado facturas inexistentes de las áreas de Fiestas, Deportes y Turismo por importes que van de los 45 a los 5.000 euros. Dichos pagos, según CiU, se habrían realizado sin tener en cuenta informes contrarios de los funcionarios municipales. Las investigaciones las lleva un juzgado de Figueras.
El fiscal incluye en su orden la investigación de un posible delito urbanístico en la zona del parque natural del Cap de Creus. CiU ha cuestionado la legalidad de las obras de ampliación de una barraca situada, dice, en suelo rústico, el propietario de la cual es familiar de uno de los concejales del Gobierno.
El grupo municipal de CiU también ha denunciado que la alcaldesa, la socialista Magda Casamitjana, habría archivado "sin más" 29 expedientes sancionadores después de que caducaran y considera este hecho delictivo. Estas multas se impusieron a particulares o empresas por incumplir las ordenanzas de recogida y tratamiento de residuos, reciclaje o limpieza viaria. Los nacionalistas consideran que, aunque los expedientes pudieran haber caducado, "los delitos o faltas no han prescrito".
"MUY TRANQUILA"
La alcaldesa, Magda Casamitjana, ha señalado, por su parte, que la denuncia es "un invento" de CiU porque, ha dicho, están "perdidos" a cuatro meses de las elecciones municipales. Casamitjana ha asegurado que está "muy tranquila" y ha negado cualquier irregularidad tanto en el pago de facturas como en el archivo de expedientes. También ha rechazado que se haya producido un delito urbanístico en el Cap de Creus y ha enmarcado el asunto en una "pelea" entre un concejal del Gobierno y el líder de CiU.
