La fiscalía ha empezado a poner cifras a la mayor trama de corrupción municipal de la historia de España, la llevada a cabo por los sucesores del gilismo en Marbella, que obligó a la disolución del ayuntamiento en el 2006. El exasesor de Urbanismo y cabecilla de la red, Juan Antonio Roca, se enfrenta a una petición de 30 años de cárcel y una multa de 810 millones de euros.

El fiscal anticorrupción ha necesitado 600 folios para desgranar los delitos continuados de blanqueo, cohecho, malversación, prevaricación, fraude o alteración de precios públicos que atribuye a la anterior corporación municipal, con Marisol Yagüe a la cabeza, pero con Roca manejando a ediles, abogados, empresarios y constructores. Desde esta posición, se ha probado que el exasesor blanqueó más de 200 millones.

Según el fiscal, la situación de poder de Roca "se sustentaba en el soborno sistemático y generalizado a sus integrantes", lo que le permitía "disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales en orden a las resoluciones que estos pudieran adoptar, fundamentalmente en el ámbito urbanístico".

Por ello, "toda actuación urbanística a desarrollar en Marbella tenía que contar con el visto bueno de Roca", que "controlaba no solo la revisión del planeamiento municipal, sino también los eventuales convenios urbanísticos que los empresarios interesados quisieran pactar con el ayuntamiento".

Este "urbanismo a la carta" propició "una alteración total de la realidad urbanística del municipio", añade el fiscal, que señala que Roca repartía el dinero entre los concejales y funcionarios municipales "en metálico, generalmente en sobres que eran entregados en mano".

Las penas para los otros 94 imputados oscilan entre los 20 años para Yagüe y los 16 que se demandan para el empresario Carlos Sánchez. Para Julián Muñoz, involucrado en una causa separada, se piden 10 años.