La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que rechace la querella por prevaricación y tráfico de influencias que el PP presentó contra el expresidente andaluz y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, en relación a la concesión de una subvención pública a Matsa, en la que trabaja su hija.
En un informe, el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Juan José Martín-Casallo, reclama al Alto Tribunal que inadmita y archive esta querella "por no ser los hechos en que se funda constitutivos de delito".
La querella interpuesta por el PP contra Chaves el pasado mes de julio se basa en el hecho de que, durante su etapa como presidente de la Junta andaluza, la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), de la que su hija es apoderada, recibió una subvención superior a los 10 millones de euros.
TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE
El informe del fiscal recuerda que en la tramitación del expediente de concesión de incentivos a la empresa Matsa Chaves participó como presidente del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en una reunión en enero del 2009 en la que se produjo la ratificación de la aprobación efectuada por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
"No consta del expediente administrativo que el querellado efectuara algún tipo de gestión para la concesión del incentivo", afirma.
SIN INDICIOS DE INFLUENCIA
Añade que no existen indicios de que Chaves haya influido sobre los funcionarios de la Agencia IDEA o de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, "bien dando una orden directa para que el expediente se resolviera de una manera concreta y determinada, bien tratando de influir en la resolución de quien no es inferior jerárquico directo".
La actuación del querellado -señala- "se redujo a aprobar en Junta de Gobierno una concesión de incentivo que, de acuerdo con la cuantía reconocida, debía ser autorizada por el órgano que presidía, limitándose, por tanto, a ratificar lo que ya se había establecido, en igual sentido, por las correspondientes instituciones de los órganos administrativos competentes".
La Fiscalía, que estima que tampoco existe un delito de prevaricación administrativa, añade que "la parte querellante, en su esfuerzo acusador, no ha logrado designar un solo acto resolutivo que pueda ser considerado injusto".
Señala que tampoco de la cuantía del incentivo puede deducirse la existencia de ningún delito y el hecho de que en la empresa preste sus servicios la hija de Chaves "no puede llevar a la conclusión de la existencia de delito alguno".
