La Fiscalía Anticorrupción quiere esperar a "concluir la totalidad de la práctica de prueba propuesta por las partes" del juicio por la pieza del 'caso Gürtel' relativa a la financiación ilegal del PP en Valéncia para pronunciarse sobre una hipotética responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, al que se ha atribuido la creación de la maquinaria utilizada por el partido para financiarse en b y con facturas pagadas por empresarios adjudicatarios de obra pública en esa comunidad, según ha informado la Fiscalía General del Estado.
En este procedimiento, en el que Camps deberá comparecer como testigo, sería muy complicado porque tanto los delitos electorales, como la falsedad documental cometida para encubrir los pagos de los empresarios al PP habrían prescrito sobradamente. La única solución sería abrir un nuevo procedimiento por delitos de malversación y prevaricación que puedan tener un periodo de prescripción más alto, pero para ello sería necesario relacionar los pagos de empresarios con adjudicaciones concretas.
En el 'caso Taula', donde se investiga por, entre otros delitos, el blanqueo presuntamente cometido por el PP del ayuntamiento valenciano en los tiempos de Rita Barberá, se podrían incorporar con facilidad las declaraciones realizadas este miércoles por el exsecretario general del partido valenciano Ricardo Costa, en las que admitió cómo se financió el PP a través de dinero negro y de girar facturas a empresarios que se ocupaban de pagar los servicios que Orange Market prestó al partido.
Petición de careo
En la nueva fase en la que ha entrado el juicio de la financiación ilegal del PP de Valencia, en la que ya los acusados no admiten las acusaciones que hace contra ellos Anticorrupción, Álvaro Pérez, 'el Bigotes', ha sorprendido solicitando al comienzo de la sesión un careo con el que fue vicepresidente primero del gobierno valenciano Vicente Rambla. El juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, se pronunciará en uno de los recesos de la sesión.
Anticorrupción no se ha querido pronunciar de momento sobre la diligencia con la que 'El Bigotes' quiere contradecir la versión que dio ayer Rambla desmarcándose totalmente del pago en b y de la facturación a empresarios. En concreto, el pago de 350.000 euros que realizó Enrique Ortiz, según lo que declararon en la Audiencia Nacional tanto Pérez como el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, en sesiones anteriores.
El abogado del Estado Edmundo Bal se ha opuesto, al entender que depende del magistrado determinar qué acusado ha sido más convincente tras oírle en el juicio, sin necesidad de hacer un careo. No obstante, la acusación que ejerce el PSOE sí se han mostrado a favor de la diligencia al entender que ya que, durante la instrucción ninguno ha admitido la financiación ilegal y ahora sí, de su enfrentamiento verbal se podrían obtener nuevos datos.
Las defensas también se han mostrado divididas. La del cabecilla de la trama, Francisco Correa, se ha opuesto, mientras que las de su número dos, Pablo Crespo, se ha mostrado a favor, igual que la de Costa.
