La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo ha abierto este viernes diligencias para averiguar las razones que están originando los sucesivos aumentos de precio que han experimentado en los últimos tiempos los recibos de la luz. El ministerio público sostiene que actúa en defensa de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, con el fin de determinar la realidad y naturaleza de estos hechos.
El precio medio del mercado mayorista eléctrico ha alcanzado este viernes los 88 euros por megavatio y hora, cifra que contrasta con los 60,49 euros del pasado mes de diciembre. Durante esta semana se han producido subidas diarias del 2,5% (el jueves y el 8%, el miércoles).
Desde la reforma del año 2014, la ley de enjuiciamiento civil habilita a los fiscales a iniciar las llamadas "acciones de cesación" con el fin de defender los intereses difusos de consumidores y usuarios, que sin la actuación del ministerio público quedarían indefensos.
En una nota, la Fiscalía General del Estado precisa que el ministerio público actúa en toda España como defensor del interés público tutelado por la ley, en este caso al amparo del artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
