La ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, salió aparentemente indemne ayer de su comparecencia en el Congreso por la crisis del aeropuerto de El Prat. Esquivó nada menos que cuatro peticiones de dimisión (de ERC, IU-ICV, CiU y PP) y anunció la apertura de un expediente sancionador contra la compañía aérea "por infracción administrativa muy grave", que puede dar pie a una multa máxima de 4,5 millones de euros, y planteó un singular trueque: los afectados por el caos del 28 de julio podrán cobrar indemnizaciones directamente del Gobierno central si a cambio delegan en este y sin interferencias todo el posterior proceso de reclamaciones.

Alvarez anunció que Fomento perseguirá por todas las vías, administrativa y judicial, el cobro de las indemnizaciones. El expediente sancionador que anunció cubrirá parte de esos gastos. La ministra, además, dio a entender claramente que la multa por infracción muy grave contenida en la actual ley de seguridad aérea le parece insuficiente.

POCAS SORPRESAS Hubo poco margen para la sorpresa. ERC e IC-V se mostraron especialmente beligerantes con la ministra. Coincidieron en acusar a Fomento de elegir una de las peores fechas para anunciar la solución del concurso pero, sobre todo, consideraron que el Gobierno y AENA se atreve a hacer en Barcelona lo que ni por asomo osa realizar en Madrid. El portavoz de CiU, Jordi Jané llegó al mismo destino, aunque tuvo unos minutos de recuerdo para José Montilla, candidato socialista a president y, en su opinión, "gran ausente" en el conflicto.

El representante del PP, Andrés Ayala, pidió la dimisión de la ministra y le recordó que en tiempos de la antigua Grecia la solución en estos casos consistía en "tomar cicuta". La ministra se peleó con el diputado conservador, pero mostró más interés en desarmar los argumentos de los diputados catalanes. A estos les trasladó su extrañeza por el hecho de que parecieran en la sala los defensores de Iberia y prosiguió con su vehemente defensa: "No pido disculpas por cumplir la legalidad vigente". Es más, se opuso a que el fallo del concurso sea considerado la espoleta de la protesta. Consideró que es una conclusión tan perversa como la lógica de los jueces que exculpan a los violadores porque su víctima llevaba minifalda.

CONSECUENCIAS "NEFASTAS" También compareció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que avaló la "oportuna y profesional" actuación policial del 28 de julio, informa Olga Pereda. Dijo que las pistas se podían haber despejado antes, que había agentes suficientes. Pero, según el ministro, las consecuencias hubieran sido "nefastas". "Hubiéramos tenido cerrado el aeropuerto durante varios días", afirmó.

CiU calificó la intervención en El Prat de "desacertada" y "mal precedente". ERC reclamó un "término medio" entre la decisión de no cargar y la petición de los convergentes de reclamar al Ejército. Mientras, IU-ICV insistió en que Interior se debía oler lo que podía ocurrir debido a que los sindicatos pronosticaron el conflicto tras la decisión de no renovar el handling a Iberia.

Más duro fue el PP, que, por boca de la diputada Alicia Sánchez Camacho, acusó al ministro de "lavarse las manos" y escudarse en la Guardia Civil. "Exigimos su responsabilidad en la no gestión de la crisis", reclamó.

Al contrario de lo que hizo Magdalena Alvarez, Rubalcaba usó un tono humilde para reconocer que se produjeron "fallos" y pedir disculpas a los pasajeros. Rubalcaba, además, se consideró como último responsable de la actuación de la Guardia Civil.