La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que la ley de la memoria histórica será "plenamente respetuosa" con los ámbitos competenciales de las distintas administraciones en la retirada de símbolos franquistas. De la Vega quiso disipar algunas dudas sobre el procedimiento para determinar qué testimonios se quitarán y cuáles no.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, criticó la ley, pero se comprometió a cumplirla "cuando esté vigente". Sostuvo que no cree que en dependencias municipales existan símbolos franquistas, pero señaló que aún se conservan en sedes dependientes de los ministerios de Defensa, Interior y Hacienda, e incluso en el palacio de la Moncloa. Un portavoz del Gobierno dijo desconocer la existencia de tales símbolos en la Moncloa, pero aseguró que "si los hay, serán retirados cuando se apruebe la ley".
Sobre la ley de memoria histórica habló también la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que la consideró "un síntoma de totalitarismo como pocos se han visto jamás". El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, dijo que la ley pretende "lavar la conciencia" de socialistas que "vivieron bien" en el franquismo.
