Con un respeto escrupuloso del principio de legalidad, investigué unos hechos con apariencia delictiva para depurar responsabilidades y proteger a las víctimas". Esta es la explicación que ayer ofreció Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, donde fue interrogado durante tres horas como imputado por haber investigado los crímenes de Franco.
El sindicato ultraderechista Manos Limpias -- que le presentó la querella-- abrió el turno del interrogatorio, pero sus más de 100 preguntas, previamente repartidas a la prensa, quedaron sin respuesta. Garzón se negó a contestarles. Luego, tomó la palabra el fiscal, Luis Navajas, al que el juez de la Audiencia Nacional explicó que comenzó a instruir este caso después de que el decanato le remitiese las denuncias presentadas por las víctimas de la dictadura.
En las demandas se informaba de "hechos muy graves como miles de desapariciones forzosas, asesinatos y exhumaciones ilegales". Garzón explicó que el principio de legalidad le obligaba a investigar estos hechos y que optó por esclarecer en primer lugar el número de víctimas de la dictadura de Franco. Para su sorpresa, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de Europa, España no cuenta con un registro de este tipo. Por ello, se vio obligado a solicitar información a distintos organismos oficiales.
También tuvo que comprobar que los autores de estos delitos habían fallecido para permitir que las víctimas puedan presentar reclamaciones civiles a los herederos de los franquistas. Garzón aclaró que sabía que Franco había muerto, pero que desconocía el paradero de otros autores que ocuparon cargos en la Falange. Por ello, reclamó sus certificados de defunción. Recordó que el derecho penal exige que se realicen estas comprobaciones antes de archivar un proceso por muerte del autor.
También recordó que tras declararse incompetente derivó la investigación a los juzgados territoriales donde están enterradas ilegalmente las víctimas de Franco. Su defensor, Gonzalo Martínez Fresneda, pedirá ahora el archivo del caso.
