El juez Baltasar Garzón anunció ayer 11 nuevas imputaciones en el caso Pretoria y la citación, como testigos, de 10 personas ligadas a la vida política y empresarial catalana. El auto desvela el supuesto cobro de un millón de euros por parte del exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y su madre, Josefina Calvet, también imputada con 86 años y alzhéimer. Los acusados declararán hoy y mañana.
El Gobierno catalán acordó aceptar la renuncia voluntaria de Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), el principal cargo público de la lista de nuevos imputados. El auto obligó también al PP a reaccionar. Garzón implica al exalcalde de Llavaneres, el popular Víctor Ros, porque "en su mandato se tomaron decisiones que favorecieron a algunos imputados en perjuicio del ayuntamiento". El PP le suspendió de militancia.
Entre los imputados había nombres inesperados, como las esposas de los exaltos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas Crus- sells, y la madre de Muñoz. Respecto al gerente del Inca- sòl, el juez le atribuye "un papel relevante" en la trama.
