El magistrado Baltasar Garzón defendió ayer ante el Tribunal Supremo su decisión de autorizar las grabaciones de las conversaciones que los principales implicados en el caso Gürtel mantuvieron con sus abogados en la cárcel para intentar impedir que siguieran delinquiendo. Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) estudia si anula estas intervenciones y deja sin contenido la investigación de esta trama de corrupción vinculada al PP.
El juez de la Audiencia Nacional se sumó ayer al recurso presentado por el número dos de la fiscalía, Juan José Martín-Casallo, para rebatir la admisión de la querella del letrado Ignacio Peláez contra Garzón por prevaricación y escuchas ilegales. El abogado fue grabado cuando preparaba con el cabecilla de la trama, Francisco Correa, la defensa de su cliente, el empresario José Luis Ulibarri.
Martín-Casallo realizó una defensa cerrada de la actuación del juez con el fin de evitar que una de las mayores tramas de corrupción de los últimos años quede en papel mojado por una supuesta ilegalidad cometida por Garzón y secundada por el actual instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira.
LA DOCTRINA El magistrado de la Audiencia Nacional insiste en que la ley le permitía ordenar estas intervenciones, ya que la doctrina del Tribunal Supremo y del Constitucional no limita la grabación a los casos de terrorismo. En el escrito redactado por su letrado, Gonzalo Martínez Fresneda, rechaza la tesis de que las conversaciones entre un interno y un abogado son inviolables y no se pueden intervenir jamás aunque se aprovechen para la comisión de un delito. La defensa de Garzón apunta que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el director de una cárcel puede intervenir las comunicaciones de los internos excepto cuando los interlocutores sean sus letrados, en cuyo caso debe contar con una autorización judicial, así como en los casos de terrorismo.
El TSJM continuó ayer deliberando sobre la petición de los defensores del caso Gürtel que han reclamado la nulidad de la instrucción dirigida por Garzón. El tribunal se encuentra en una encrucijada, ya que si decide que Garzón se extralimitó al autorizar estas grabaciones pone a un pie de la querella al juez Antonio Pedreira y a la fiscalía anticorrupción y deja herido de muerte el caso Gürtel.
LA DELIBERACION Fuentes jurídicas sostienen que los tres magistrados del TSJM se encuentran divididos y que están condicionados por la decisión del Supremo de investigar a Garzón por estas intervenciones y de permitir a Correa que actúe contra el juez que ordenó su detención y su encarcelamiento. Los magistrados podrían decidir expulsar del proceso solo una parte de las grabaciones y dejar otras que fueron registradas con el sistema Sitel, que también ha sido cuestionado.
