Un grupo organizado que manejaba a su antojo los planes urbanísticos de los municipios barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres para repartirse los beneficios de sus pelotazos inmobiliarios. Esta es la conclusión a la que llega el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ayer decretó el ingreso en prisión sin fianza contra los exdirigentes de CiU Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, el exdiputado del PSC Luis García y el alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz y Manuel Dobarco.

El resto de los detenidos, tres empresarios y el gerente del Ayuntamiento de Santa Coloma, quedaron en libertad bajo fianza que oscila entre el medio millón y los 25.000 euros. Lluís Casamitjana, Josep Singlá, Manuel Carrillo y Pascual Vela tienen hasta el próximo lunes de plazo para depositar, respectivamente, medio millón de euros los dos primeros, 100.000 euros, el tercero y 25.000, el cuarto.

El magistrado justifica su decisión de encarcelar a cinco de los detenidos por la necesidad de preservar la investigación. El juez admite que no teme que Prenafeta o Alavedra vayan a huir de la justicia "por el arraigo que tienen en sus respectivos domicilios e incluso por su edad". Sin embargo, aclara que "hasta el día de hoy han venido ejecutando los hechos y que de quedar en libertad, continuarían con la misma dinámica".

Según el auto de Garzón, la presunta trama de corrupción defraudó 44.754.000 euros a los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Según el juez, hay una serie de "pautas comunes" en las tres grandes operaciones en las que intervinieron los imputados, desarrolladas en dichas localidades. El primer paso consistía en que los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien, "gracias a sus contactos con el equipo de gobierno de los municipios y a sus relaciones con las empresarios interesados", favorecía su tramitación, "repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos". Sin embargo, la empresa adjudicataria nunca llegaba a realizar el proyecto, sino que éste quedaba paralizado hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por el Departamento de Política Territorial de la Generalitat. Esta modificación, además, "resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio".

PRECIO INCREMENTADO Tras la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio mucho mayor que el de adjudicación, de modo que todo el beneficio quedaba en manos de los intermediarios y nunca en las del consistorio.

Según el juez, los imputados, en pago por la obtención de las recalificaciones, percibían comisiones "sin lógica comercial alguna". El auto detalla las cantidades que resultaron de la rectificación urbanística: 18.377.000 euros en Santa Coloma, 14 millones en Badalona y 12.377.000 euros en Llavaneres.

En sus comparecencias, todos los implicados trataron de desvincularse de la trama defendiendo que sus actividades siempre han sido legales. El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, pero no del de blanqueo de capitales, según explicó su letrado, Fermín Morales. El alcalde no se ha planteado dimitir de su cargo. Alavedra y Prenafeta, por su parte, declararon durante 45 minutos y una hora, respectivamente. Su abogado, Juan Córdoba, comentó que ambos "se encuentran mal anímicamente".