La investigación abierta por el juez Baltasar Garzón sobre los supuestos pagos de Azkoyen a ETA provocó ayer la dimisión de dos directivos de la empresa navarra, al no estar de acuerdo con la versión facilitada por la compañía en la que ésta se desvincula de las presuntas irregularidades.
Azkoyen aseguró a través de un comunicado que, en el caso de que hubieran existido dichos pagos, habrían sido efectuados por determinadas personas "bajo su responsabilidad y por su cuenta". Según publicó ayer el diario Expansión, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para aclarar la participación del fabricante de máquinas expendedoras en el pago del llamado impuesto revolucionario a finales de los años 90. El juez cita a declarar al consejo de la empresa, que entonces presidía Ignacio Orbaiceta.
Las pesquisas forman parte de la investigación de Garzón sobre las vías de financiación de ETA, que pone en el punto de mira del juez a numerosas firmas vascas y navarras.
En una confusa nota remitida ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había suspendido el día anterior la cotización de Azkoyen ante los rumores sobre la existencia de la investigación, la firma presidida por Juan Félix Iriondo asegura que "no consta en las actas la realización de los desembolsos por los que se han abierto diligencias policiales".
SIN RASTRO Azkoyen señala que, "por la información disponible a partir de las investigaciones policiales", el importe de los pagos a ETA no superaría los 240.404 euros (40 millones de pesetas). Tras insistir en que no hay rastro de los mismos en la documentación contable, la nota añade que esa cifra, en caso de haber sido sustraída, "no puede afectar de ningún modo a la solvencia" de la compañía.
El contenido de la nota provocó la dimisión de los consejeros Juan Odériz, representante de Caja Navarra (principal accionista), y Javier Garde, vocal independiente.
