El juez Baltasar Garzón procesó ayer a 36 dirigentes de la ilegalizada Batasuna por ser parte de ETA, y pidió a sus colegas de Euskadi que procesen por el mismo delito a cinco parlamentarios, entre ellos Arnaldo Otegi y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera , porque están aforados.

El juez de la Audiencia Nacional asegura que ETA creó Batasuna "para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz". Sus miembros han sido conscientes de esa subordinación" y han aceptado "la distribución de papeles en el desarrollo de la violencia".

RECHAZO El magistrado rechaza que los actuales dirigentes de la formación hayan renunciado a esos postulados "aunque ahora pretendan adoptar posiciones nacionalistas que buscan el final del conflicto", escribe en clara alusión a la carta remitida por Otegi al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para abrir una negociación política que termine con la banda terrorista.

La mesa nacional de HB fue condenada a siete años de prisión en el año 1997 por ceder espacios electorales a un vídeo de ETA, pero el Constitucional anuló la sentencia.

Garzón advierte en el auto conocido ayer del riesgo que corre el Estado si acepta negociar con ETA. El magistrado explica que la violencia "es un instrumento al servicio" de la organización terrorista y que es necesaria "para conseguir los fines" de la banda.

INSTITUCIONES COMO ENEMIGO Por ese motivo, agrega el magistrado, es imposible que, "ante cualquier planteamiento de discusión o negociación" con el Estado, ETA y Batasuna renuncien a la violencia, ya que ven a las instituciones "como el enemigo al que derribar sin asumir las reglas del juego democrático". Y sostiene que la organización terrorista actúa "como si la ruptura o separación territorial ya se hubiera producido".

Garzón admite en su resolución que le hubiera gustado imputar a ETA y a su entramado de crímenes contra la humanidad, pero no lo hace porque se lo impide la ley, tras la ratificación de España del Estatuto del Tribunal Penal Internacional.

A pesar de ello, el juez asegura que la actividad de ETA se ha caracterizado "por el ataque sistemático contra parte de la población civil en función de su pertenencia a grupos o colectivos por motivos políticos".

La organización terrorista ha perpetrado, entre 1977 y el 2003, 8.339 acciones que han causado 838 muertos y 1.410 heridos, según distintos informes que maneja el juez.

Además, ha atacado el derecho a la libertad de los ciudadanos (de manifestación, cátedra, sindical, empresa, información y participación política) en 631 ocasiones. Esta situación ha provocado que 1.106 ciudadanos de Euskadi cuenten con protección policial. ETA también ha cometido 78 secuestros y, entre 1990 y el 2002, ha ejecutado 3.634 acciones de violencia callejera.

Esas actuaciones han supuesto un coste para el Estado de casi 12.000 millones de euros entre 1970 y el 2004. El juez detalla que el 48% de la actividad política de Batasuna se ha dirigido a presentar mociones de apoyo, recuerdo o referencia a personas directamente vinculadas a ETA.

"PEDAGOGIA DE LA VIOLENCIA" El juez explica en su auto que ETA aplica en todas sus actividades una "pedagogía de la violencia" que consiste en "enseñar a los ciudadanos y sus representantes que están equivocados", y que no hay otra alternativa que la aceptación o sumisión a sus postulados. La banda sostiene que su actividad es legítima para "acabar con el conflicto producido y sostenido por un Estado invasor y sus instituciones represoras", dice el auto de Garzón, que añade que esos postulados son defendidos por Batasuna. Esa formación actúa "no sólo como el brazo político" de ETA, sino como una estructura para conseguir la autodeterminación, concluye.