El juez Baltasar Garzón procesó ayer a 44 personas acusadas de intentar refundar Batasuna en diversos momentos tras la ilegalización del partido en el 2003. El magistrado les imputa un delito de integración en ETA e incluye en esta estrategia a los dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) y a Acción Nacionalista Vasca (ANV). También les acusa de "apropiarse permanentemente" de la izquierda aberzale.

Con esta decisión, el juez pone fin a la investigación que inició en el 2006 tras constatar que Batasuna, después de ser ilegalizada por el Tribunal Supremo, "ha continuado renovándose, cada vez en forma más clandestina". El magistrado ha puesto bajo su lupa las actividades de las formaciones que han ido surgiendo para llenar el vacío que dejó la fuerza ilegal. La instrucción abarca los años 2005 a 2008. Entre febrero y mayo del 2005 se constituyó la nueva mesa nacional de Batasuna.

LAS NUEVAS MARCAS En este proceso participaron también las marcas EHAK y ANV, "instrumentalizadas" por Batasuna "para continuar la acción delictiva diseñada por ETA a través del frente institucional del complejo terrorista". Estas fuerzas, ilegalizadas también por el alto tribunal en septiembre del 2008, fueron empleadas para que ETA pudiera "estar en las instituciones a través de diferentes procesos electorales". Además, EHAK permitió a los dirigentes de Batasuna "disponer de 837.000 euros con los que contribuyeron al sostenimiento del entramado político de la organización terrorista, gracias a la presencia en las instituciones democráticas".

Asimismo, los responsables de estas fuerzas desarrollaron, por orden de ETA, "la estrategia de presión y coacción a los componentes de otras formaciones políticas a las que consideraron culpables de su situación". Por ello, llevaron a cabo campañas de acoso a través de concentraciones, distribución de carteles y manifestaciones públicas que "normalmente fueron seguidas de actos violentos".

A este movimiento, según Garzón, también se han sumado Segi, Askatasuna y el Movimiento Pro Amnistía. Las tres organizaciones "han abordado" la ejecución de campañas "auspiciadas" por ETA en contra del tren de alta velocidad vasco. También "se han distribuido los tiempos y objetivos y han complementado las acciones de violencia contra los bienes y los atentados contra la vida desplegados" por la organización terrorista, según el juez.

El juez ha decidido actuar contra estas personas por los documentos intervenidos, escuchas telefónicas, informes de inteligencia, vigilancias policiales y datos bancarios. Entre los procesados figuran 32 miembros de la mesa de Batasuna, entre ellos, Pernando Barrena, Juan Cruz Aldasoro, Rufino Etxeberria y Joseba Permach.

También han sido imputados tres dirigentes de ANV como el presidente, Kepa Bereziartua, y la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro. Por contra, el juez no actúa contra los miembros de EHAK hasta que el TSJ del País Vasco decida si continúa investigando a los nueve parlamentarios que han perdido el fuero tras el 1-M o remite la causa a la Audiencia.