Una prohibición condicionada. Baltasar Garzón ordenó ayer al Gobierno vasco que impida la celebración del gran acto que la izquierda aberzale ha convocado para hoy en Barakaldo (Vizcaya) para presentar su nueva fuerza política, Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB). No obstante, el magistrado les autoriza a reunirse si no usan ningún signo externo de ASB. La decisión del juez satisfizo al Gobierno y colocó al PP en la incómoda situación de tener que celebrar la posición de la fiscalía, que pidió la suspensión del acto.

La petición de impedir el mitin partió de la Asociación Dignidad y Justicia, una escisión de la Asociación Víctimas del Terrorismo. El fiscal la apoyó tras recibir informes policiales que afirmaban que el acto era un "instrumento" de la izquierda aberzale para presentar a su nueva fuerza política. También dice que "está apoyado por Batasuna".

LA NUEVA FUERZA ASB fue presentada ante el Ministerio del Interior el martes. El departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba tardó solo tres horas en sospechar que era una continuación de Batasuna y remitió el caso al fiscal y al abogado del Estado para que instaran la ilegalización.

Ambas instituciones presentarán sus demandas contra la nueva fuerza la próxima semana, salvo que la izquierda aberzale opte por retirarla y presente otra que subsane los defectos detectados en ASB. Es decir, cambie a las personas que lo promueven, renuncie al uso del término Batasuna y revise su forma de organización para que no sea una Batasuna "trasplantada". Fuentes del Gobierno apuntaron que esa corrección sería la solución para que la izquierda aberzale esté en las elecciones de mayo.

Sin embargo, Garzón deja un resquicio a la izquierda aberzale. El mitin se puede celebrar si Arnaldo Otegi y sus seguidores "renuncian" a aludir a ASB mediante "referencia directa o indirecta, verbal o visual, estática o dinámica, por medio de pasquines, propaganda o manifestaciones verbales, comunicados o cualquier otra forma".

Tampoco podrán presentar a esa fuerza como el partido con el que pretenden concurrir en mayo ni hacer públicos sus estatutos, en los que afirman que defenderán sus objetivos "exclusivamente" por vías políticas y democráticas y "en ausencia de cualquier tipo de violencia". Si Otegi y los suyos obedecen esas instrucciones "el acto podrá desarrollarse". No obstante, las fuerzas de seguridad deberán informar al juez "de su desarrollo y contenido para acreditar el cumplimiento de lo ordenado".

CONTINUIDAD Para Garzón, hasta que el Supremo se pronuncie ASB es una continuidad de Batasuna. Por ello, ordena al Gobierno vasco que comunique su decisión a los 41 batasunas convocantes y les advierta de que cometerán un delito de desobediencia grave si no obedecen. También exige a Vitoria que impida el acto y "la concentración de personas" si es para presentar a ASB.

El Gobierno fue muy cauto a la hora de valorar una decisión judicial que la vicepresidenta conoció por los periodistas tras el Consejo de Ministros. María Teresa Fernández de la Vega utilizó una respuesta de manual: respeta las resoluciones de los tribunales tanto si le gustan como si no. Esta es de las que satisfacen al Gobierno, porque confirma que no da facilidades a Batasuna pese a las acusaciones del PP, que sostiene que ha puesto la fiscalía al servicio de Otegi, informa Salomé García.

Ante la imposibilidad de criticar la decisión de la fiscalía y del juez, que coincide plenamente con las exigencias que viene haciendo el PP, Pío García-Escudero fue lacónico y reconoció que le parecía "bien". Sin embargo, lamentó que no se hayan prohibido actos anteriores de Batasuna. A su juicio, hasta ahora se ha actuado "con mucha tolerancia" y pidió al Gobierno que sea "coherente" y se conduzca igual cuando Batasuna, "con su nombre o con otro", convoque otro acto, informa Luz Sanchis.