Un monopolio. El juez Baltasar Garzón afirma que la trama corrupta de Francisco Correa se gestó en la época de José María Aznar y que dejó de trabajar para el PP nacional cuando Mariano Rajoy se hizo con las riendas del partido en el 2004. Por ello, el jefe de esta red trasladó sus negocios a Valencia. El juez cedió ayer el caso a los Tribunales Superiores de Valencia y Madrid.
El magistrado revela que Correa pagó en trajes casi 12.000 euros al presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps, a cambio de obtener adjudicaciones por cuatro millones de euros desde 2006 al 2009. Además, el PP realizó pagos "fuera de control fiscal" a Orange Market por los gastos del congreso regional del PP de Valencia del 2002.
Asimismo, Garzón imputó ayer en la trama a los alcaldes del PP de los municipios madrileños de Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, Ginés López y Jesús Sepúlveda --exsecretario de acción electoral del PP nacional--, respectivamente, y a otras cuatro personas, entre ellas el padre y el hermano del eurodiputado del PP Gerardo Galeote, que también aparece en la trama, aunque el fiscal anticorrupción no ha apoyado, de momento, su imputación.
El juez revela que la trama de Correa comenzó a operar por "la relación directa" que estableció con "responsables" del PP "a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de dicho partido sito en la calle Génova de Madrid". Estas personas "convirtieron" su empresa, Special Events, en la adjudicataria de "la mayor parte de los actos de promoción" de esta fuerza. El jefe de esta trama desde 1996 a 2004 --los dos mandatos de Aznar-- estableció "un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos por su posición dentro del partido" o por sus cargos en las administraciones que gobernaban.
Correa les respondía con "dádivas" de todo tipo para "crear una relación estable" para "favorecer el negocio de sus empresas". Por ejemplo, si uno de los responsables políticos llegaba a una administración local o autonómica "comenzaba a introducir personas de su confianza en puestos clave para controlar la concesión de contratos públicos y el posterior pago de los servicios".
LA CONTABILIDAD Sin embargo, esta relación privilegiada se rompió en el 2004 cuando Mariano Rajoy comenzó a dirigir el partido. Por ello, Correa optó por trasladarse a Valencia y crear una empresa de la que se ocupó Alvaro Pérez Alonso, el Bigotes.
Las acusaciones están apoyadas en la contabilidad de la red. José Luis Izquierdo, empleado de una de las empresas de Correa, "ejercía como responsable del control del dinero existente". En su domicilio, la policía ha localizado "un conjunto de hojas" donde consta "la recepción de dinero y su distribución" en cajas de seguridad que se nutren por la "caja B" del conglomerado empresarial. La caja B "utilizaba dinero ajeno al sistema financiero para hacer frente a todo tipo de gastos y pagos a distintas personas que ostentan cargos públicos". La contabilidad secreta respondía "a las comisiones" que percibía la trama y que escondía mediante "facturas falsas".
VARIAS CUENTAS Los apuntes contables consistían en la apertura por parte de Izquierdo de "una cuenta por cada persona física, jurídica o evento". Estos documentos han permitido aquilatar la implicación del presidente de la Generalitat de Valencia, Francisco Camps; el secretario general del PP y diputado en Valencia, Ricardo Costa; el exvicepresidente de este Gobierno José Víctor Campos, y el exjefe del gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.
