La Generalitat ha trasladado a los sindicatos de la función pública su voluntad de garantizar la "seguridad jurídica de los empleados públicos" ante el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre en Cataluña. CCOO y UGT han valorado el "valor político" del Ejecutivo catalán de "dar cobertura a sus 200.000 trabajadores.

Para conseguir esa seguridad jurídica ante las advertencias de responsabilidades penales por parte de la justicia y del Gobierno central, los responsables de la función pública de la Generalitat han manifestado la voluntad de los altos cargos políticos de asumir "todas las responsabilidades derivadas de la preparación, organización y ejecución del referéndum". Con esa decisión, los sindicatos entienden que se exime a los funcionarios de cualquier responsabilidad.

Órdenes por escrito

Una de las claves para conseguir eludir las responsabilidades es que los responsables políticos de la Generalitat den las órdenes relacionadas con el 1-O por escrito a sus subordinados.

CCOO y UGT han reclamado al Govern que traslade las mismas directrices a las administraciones locales ante la negativa de la Generalitat de convocar en una misma mesa a todos los representantes de la función pública de Cataluña. Asimismo, los sindicatos han reclamado a la Generalitat "canales de diálogo ágiles para resolver los problemas y situaciones que puedan ir surgiendo".