La comisión gestora que rige el destino de Marbella tiene un frente abierto que se acumula a las múltiples irregularidades detectadas en el consistorio. 30.000 viviendas en situación de ilegalidad son todo un reto que los vocales deberán superar, en un ayuntamiento con las arcas exprimidas y exhaustas. El presidente de la gestora que dirigirá el ayuntamiento hasta las elecciones de mayo del 2007, Diego Martín, está convencido de que habrá demoliciones de obras ilegales en la ciudad y que se requerirá la ayuda de la Junta de Andalucía para llevarlas a cabo.

En este sentido, Martín recordó que la gestora tiene competencias de gestión y disciplina urbanística, de acuerdo con su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado el pasado lunes en el primer pleno del nuevo órgano tras la constitución. El artículo 5 prevé que al presidente corresponden, entre otras atribuciones, las acciones referentes al restablecimiento de la legalidad urbanística.

700 IMPUGNACIONES Emprender el derribo de los edificios más lesivos según las ordenanzas urbanísticas requerirá unos medios que no tiene Marbella. Pero el presidente de la gestora afirmó a Efe que "independientemente de esas competencias de la comisión gestora, también la Junta de Andalucía quizás pueda abordar estas cosas".

Además de esta petición implícita, Martín aprovechó para recordar que precisamente la Junta andaluza interpuso 700 impugnaciones contra licencias urbanísticas en la ciudad.

La afirmación del presidente de la gestora puede parecer precipitada en un momento delicado en el consistorio, que no tiene dotación económica para destinar a eventuales indemnizaciones ni especialistas ni recursos técnicos para dinamitar las edificaciones más conflictivas. Sobre la actuación municipal en esta línea, Martín se limitó a indicar que el vocal delegado de Urbanismo, Rafael Duarte, irá informando de lo que haya que hacer. Ese vocal había sido cuestionado por haber sido contratado en su momento como asesor por el Ayuntamiento de Manilva (Málaga), durante el mandato de Pedro Tirado, imputado en el caso Ballena Blanca. La Confederación de Empresarios de Málaga lamentó que la comisión gestora de Marbella sea "una representación de los partidos" en vez de técnicos o especialistas.