El Gobierno de José María Aznar está dispuesto a flexibilizar la reforma penal contra la banda terrorista ETA para consensuarla con el PSOE. El Consejo de Ministros remitió ayer al Congreso de los Diputados el proyecto de ley que impone el cumplimiento íntegro de penas a los terroristas, sin cambio alguno respecto al texto inicial adelantado semanas atrás. Pero José María Michavila, titular del Ministerio de Justicia, abrió la puerta al consenso al anunciar que en la ley se pueden introducir "matices técnicos" que suavicen las condiciones para la reinserción de los etarras arrepentidos.
El dictamen consultivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), elaborado por la mayoría conservadora del organismo, respaldó el anteproyecto del ley, pero sugirió al Ejecutivo que buscara soluciones con la intención de "salvaguardar" la reinserción "como principio primordial de la pena establecido en la Constitución". Para procurarse un margen de negociación con el PSOE, Michavila ha desoído la invitación del CGPJ y ha mantenido intacto el texto legal. Los cambios que pacte con los socialistas o el resto de grupos se introducirán vía enmiendas durante el trámite parlamentario.
"LA ESENCIA" DEL PROYECTO
El ministro de Justicia advirtió ayer que el Gobierno no está dispuesto a alterar "la esencia" del proyecto: el aumento a 40 años de la estancia máxima en prisión de los etarras y el cálculo de los beneficios penitenciarios sobre la condena total, lo que en la práctica les impedirá acceder a permisos, al régimen abierto (tercer grado) o la libertad condicional. No excluyó, en cambio, flexibilizar los requisitos exigibles a un preso de ETA para acreditar su arrepentimiento, paso previo para su reinserción.
La reforma legislativa prevé que, para obtener beneficios penitenciarios, un condenado por terrorismo deberá indemnizar a sus víctimas y "haber colaborado activamente con las autoridades", evitando nuevos atentados o delatando a otros miembros de ETA. Ayer Michavila se mostró dispuesto a matizar esta redacción para propiciar la reinserción de los etarras que "cooperen activamente con la democracia".
Se trataría, según fuentes gubernamentales, de abrir una vía excepcional para la resocialización de los etarras encarcelados que disipe cualquier sombra de inconstitucionalidad de la ley, sin reducir por ello la eficacia disuasoria del endurecimiento de las penas que pretende el Gobierno.
PACTO ANTITERRORISTA
No obstante, la fórmula jurídica para conjugar ambos objetivos está todavía por definir. José María Michavila y el secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, ya han mantenido contactos con los socialistas Juan Fernando López Aguilar y Alfredo Pérez Rubalcaba. Las negociaciones proseguirán en los próximos días, con la voluntad de que el Partido Popular y el PSOE cierren el pacto la semana que viene en el seno del pacto antiterrorista.
