Aunque tímidamente, el Gobierno sigue dando pasos para pactar con el cuatripartito un modelo de financiación que desbloquee el Estatuto catalán. Su último movimiento ha sido aceptar que el nuevo sistema de financiación autonómica ponga límites a la aportación catalana al resto del Estado. La oferta del Ejecutivo es que el fondo de suficiencia del Estado, que se nutre de la solidaridad de Cataluña entre otros territorios, sirva para equiparar los servicios sociales en todas las comunidades, pero no para sufragar gastos suntuarios.
Dos secretarios de Estado, Miguel Angel Fernández Ordóñez y Francisco Caamaño, y el portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, cerraron ayer con ERC e ICV esta nueva ronda negociadora sobre las cuentas.
El principal acercamiento pivota en torno al fondo de suficiencia, una partida de unos 25.000 millones de euros anuales con la que el Estado garantiza a las autonomías los recursos para sufragar sus servicios, aunque sus ingresos fiscales sean exiguos.
La idea del Gobierno es que el fondo no pague inversiones superfluas, con lo que su cuantía sería menor, y también la contribución de Cataluña.
Desde el PP, su líder, Mariano Rajoy, indicó ayer que está dispuesto a pactar con el Ejecutivo el Estatuto, porque así se lo ha pedido gente "de la calle" y gente "importante".
