Las negociaciones siguen su curso, las preguntas parlamentarias se suceden, pero el equipo económico del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene a buen recaudo el secreto mejor guardado: los recursos adicionales que aportará el Estado para el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Ese dato es determinante, porque será el garante del cumplimiento o no del capítulo financiero del Estatuto catalán.

Las interpretaciones son muy diversas, pero algunas de las autonomías implicadas apuntan a la necesidad de que el Gobierno central acepte quedarse una tajada menor del gasto público. El Ministerio de Economía considera, por su parte, que no queda mucho margen para reducir los gastos y defiende que si la Administración central ha de adelgazar, también lo deben hacer las comunidades autónomas.

LOS MISMOS NUMEROS El vicepresidente económico, Pedro Solbes, se mantiene firme en algunos datos, pese a su actitud más receptiva de las últimas semanas. El Ministerio de Economía ofrece estos días los mismos números que dictó el vicepresidente en su comparecencia parlamentaria de agosto.

Los ingresos del Gobierno central en el 2002, el primer año en el que se aplicó el modelo vigente, acordado en el 2001 entre el PP y CiU, alcanzaron el 45,16%, mientras que las comunidades autónomas ingresaron el 54,84% de los recursos, según los datos del ministerio que dirige Solbes. En el 2006, según la misma fuente, las autonomías alcanzaron el 57,46%, por el 42,54% del Estado. Para buscar en el 2001 el acuerdo, el Gobierno de José María Aznar introdujo en el sistema 12.000 millones de euros adicionales, algo muy difícil de repetir ahora debido a la crítica coyuntura económica. Ahora, algunas autonomías defienden que para restablecer el equilibrio anterior a la aplicación del modelo vigente, el Estado debería inyectar el año próximo una cifra similar en el sistema: 12.672 millones de euros.

SITUACION MEJORADA En esos años, según el Gobierno, las autonomías han visto crecer sus ingresos un 35,23%, mientras que el Estado lo ha hecho en un 19,9%. Con esos datos, el equipo de Solbes insiste en que las autonomías han mejorado su situación financiera de forma importante, aunque también admite que sus gastos se han visto incrementados, principalmente "por el aumento de la población".

Entre los años 2002 y 2005, los gastos de las comunidades autónomas crecieron un 33,21%, mientras que los gastos del Gobierno central solo aumentaron un 12,46%, incluyendo en ellos las transferencias estatales a las autonomías y a las corporaciones locales. El Gobierno central gasta el 50,9% de los recursos públicos, y las autonomías, el 49,1%. Y ahí está el dilema. Para algunos partidos, aunque el cupo del Estado bajara al 50%, los recursos adicionales destinados a las autonomías alcanzarían "unos 8.000 millones de euros, una cantidad muy insuficiente para repartir entre todas".

Pero Solbes no ve claro ni siquiera el modesto descenso del gasto del Estado que reivindican algunas autonomías. El vicepresidente alega que la Seguridad Social ya supone un tercio de ese 50,9%. La cuestión es: ¿Tiene margen el Estado para dar más recursos a las autonomías, titulares de la mayoría de competencias sobre políticas sociales?