El Gobierno ha logrado apaciguar la tensión en los cuarteles. El Consejo de Ministros aprobó ayer dos proyectos de ley que suponen una modernización de la Guardia Civil y que la mayoritaria Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que en enero convocó una manifestación de agentes de uniforme, acogió con "satisfacción". Según el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el Ejecutivo da por cumplidos sus compromisos electorales con estas normas que "sientan las bases de la Guardia Civil del siglo XXI".

La primera de las leyes fija los derechos y deberes de la Guardia Civil, entre ellos el derecho a la asociación. Hasta ahora existían agrupaciones, amparadas por los tribunales, pero la norma supone su legalización de facto. Eso sí, tienen limitaciones debido al caracter militar del instituto armado, como el del derecho a huelga. Además se crea el Consejo de la Guardia Civil, donde estarán representadas las asociaciones y el Ministerio del Interior. El segundo proyecto moderniza el régimen disciplinario y elimina sanciones desfasadas, como el arresto. El Código Penal Militar solo se aplicará en el desarrollo de misiones militares o en tiempo de guerra.

Este segundo proyecto ha sido revisado tanto por el Consejo del Poder Judicial como por el Consejo Fiscal, aunque las sugerencias de ambos apenas han suscitado modificaciones. Sí se han incorporado muchas de las reivindicaciones de las asociaciones de guardias civiles. Rubalcaba destacó que ambos textos han sido "consensuados" tanto con los mandos como con las bases.

La mayoría de las asociaciones aplaudieron ayer las reformas, aunque las aguas estaban revueltas. El PSOE les había prometido mejoras que no se materializaban. Por eso, la AUGC convocó la protesta en Madrid. Interior respondió expedientando a su junta directiva, con sanciones que seguirán adelante. Pero días atrás se retomaron las negociaciones y la AUGC juzgó ayer de "valientes" las reformas.