La ley del aborto, con 23 años a cuestas, ha cumplido su papel. En lugar de reformarla, el Gobierno ha optado por hacer una nueva que garantice una mayor seguridad a las mujeres y a los profesionales y, sobre todo, corrija efectos no deseados de la vigente como permitir un supuesto (riesgo de salud física o psíquica para la madre) sin plazo, al que se han acogido el 97% de las que abortan y que ha permitido interrumpir embarazos de hasta siete meses. Este coladero, inusual en los países europeos, ha propiciado una desaforada ofensiva por parte de los sectores más conservadores contra las clínicas y la norma.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció la puesta en marcha de la nueva ley tras presidir la primera reunión del comité de expertos que asesorará al Ejecutivo en el diseño de la futura norma. El proyecto se presentará en el primer trimestre del 2009 y entrará en vigor a finales de ese año o a comienzos del 2010, según los cálculos de la miembro más joven del Gobierno, pero que ayer hizo la declaración más nítida del Ejecutivo sobre el nuevo marco legal. La vicepresidenta, María Teresa Fernández, se limitó hace un mes a anunciar una "reforma vanguardista".
No obstante, fue cauta sobre la futura ley, controvertida incluso dentro del PSOE, que no la incluyó en su programa, y no precisó si será de plazos, con un número de semanas como única condición para abortar, o un sistema mixto de plazos y algunos de los supuestos actuales. Tampoco dejó claro si cambiará la naturaleza despenalizadora, con la que nació la norma de 1985, pero sí adelanto que "recogerá lo mejor de la legislación comparada".
