El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy un proyecto de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración que supone la cuarta reforma de ley de extranjería en ocho años.
El texto aprobado hoy reforma la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero de 2000, que a su vez a sido objeto de numerosas modificaciones en su reglamento a lo largo de los años.
En vigor desde el 1 de febrero de 2000, la ley fue modificada por primera vez un mes más tarde, cuando el PP ganó las elecciones de marzo de 2000 y promovió una reforma que recortaba los derechos de los inmigrantes indocumentados que fue aprobada en diciembre de ese año.
En aquella ocasión, se reguló la posibilidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, así como la anulación de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga.
Posteriormente, el Gobierno de José María Aznar promovió una segunda modificación de la Ley relativa a la respuesta penal frente a los extranjeros residentes ilegalmente en España que cometieran delitos, y que entre otras medidas contemplaba la conmutación de penas de prisión de hasta seis años por la expulsión.
Esta modificación, aprobada finalmente en septiembre de 2003, caminó pareja en el tiempo a una nueva reforma de la ley forzada por la anulación del Tribunal Supremo de gran parte del articulado del reglamento, así como por la necesidad de introducir varias normativas europeas y el deseo del Gobierno de endurecer las condiciones de entrada.
Tramitada por el procedimiento de urgencia, el nuevo texto entró en vigor en diciembre de 2003 y modificó 20 de los 70 artículos de la ley.
En ella figuraba la obligación de las compañías de transporte de facilitar los datos de los pasajeros que viajaran a España, así como los billetes de vuelta que no hubieran sido utilizados por los usuarios.
La nueva norma confería, además, al visado la consideración de permiso de trabajo o residencia, contemplaba limitaciones a la reagrupación familiar, penalizaba la acción individual de tráfico de personas con ánimo de lucro e incorporaba el internamiento de extranjeros sometidos al procedimiento de devolución.
Tras la victoria del PSOE en marzo de 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó por Real Decreto el reglamento de la ley que preveía la regularización de los inmigrantes sin papeles que llevaran seis meses empadronados en España y contaran con un contrato de al menos seis meses.
En 2007, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales tres artículos que condicionaban el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación y la libertad de sindicación a poseer autorización de estancia o residencia en España, y reconoció el derecho a la huelga de todos los trabajadores extranjeros, tuvieran o no permiso de trabajo en España.
