Ala vista de las "gravísimas imputaciones judiciales" que pesan sobre varios miembros de la corporación municipal y las numerosas irregularidades detectadas en el consistorio, el Gobierno decidió ayer disolver el Ayuntamiento de Marbella en una medida que no tiene precedentes en España. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, informó sobre la decisión adoptada en el Consejo de Ministros, que se fundamenta en los informes favorables del Senado y la Comisión Nacional de Administración Local y el Consejo de Estado.
Los informes destacan la imposibilidad de celebrar elecciones parciales en Marbella, por lo que será una comisión gestora la que dirija la ciudad "con el mayor consenso posible y teniendo siempre en cuenta el interés general", precisó la vicepresidenta. De la Vega explicó que mientras se prepara la constitución de la gestora --que regirá el municipio hasta las elecciones de mayo del 2007-- los miembros del equipo de Gobierno se mantendrán en sus cargos, aunque sólo podrán ocuparse de "asuntos de gestión ordinaria".
LOS MOTIVOS Los argumentos mencionados por el Gobierno para proceder a la disolución se centran en la "delicada" situación creada con el encarcelamiento de varios ediles --la alcaldesa incluida-- y la inhabilitación de numerosos cargos, así como la vulneración sistemática de la legalidad en la gestión municipal por concederse licencias en materia de urbanismo desatendiendo las solicitudes y requerimientos de colaboración por parte de la Junta de Andalucía. También se han tenido en cuenta las permutas y enajenaciones inmobiliarias irregulares y la "inactividad" del ayuntamiento ante las peticiones judiciales para paralizar obras que no atendían al plan vigente.
A juicio de De la Vega, lo sucedido en los últimos años en Marbella "además de intolerable es penoso", ya que "erosiona" la tarea de los poderes públicos. Aunque la vicepresidenta destacó que "lo que allí sucede no es general, sino excepcional" y que "el Estado de derecho funciona para evitar casos como éste y castigarlos", dejó abierta la posibilidad de actuaciones similares en otras zonas. El Gobierno, argumentó, comparte con los ciudadanos su preocupación por los casos de "degradación ambiental y de especulación que vienen proliferando asociados al desarrollo urbanístico en España".
LA GESTORA La Diputación de Málaga comenzará hoy mismo los trabajos para la composición de la nueva junta rectora. El presidente de la Diputación, Salvador Pendón, confirmó ayer que la primera reunión --en la que estarán presentes PSOE, PP, IU y PA-- servirá fundamentalmente para "establecer las bases para el consenso en el número de miembros y los criterios de formación" de la gestora, y para la elaboración de un calendario de trabajo.
Aunque existe un mes de plazo, Pendón abogó por acortar el tiempo "hasta donde se pueda" y por que los miembros combinen "de forma armónica el perfil técnico y el político". Asimismo, se refirió al criterio de la proporción política que debería haber en la gestora respecto de los últimos resultados electorales, algo imposible de cumplir en el Consistorio marbellí porque "la fuerza mayoritaria --el GIL-- fue un grupo que está desgajado".
Para evitar nuevo casos de corrupción como el de Marbella, el Gobierno creará 25 nuevas plazas de fiscales: dos de apoyo al fiscal de sala de medio ambiente y urbanismo; 17 para los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y seis para actuar como delegados de la Fiscalía especial Anticorrupción.
