La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó hoy que las listas electorales que presente la izquierda abertzale "serán examinadas con lupa" por el Ejecutivo y, si no son legales, no prosperarán. Fernández de la Vega se refirió al llamamiento de Batasuna a presentar agrupaciones electorales ante los comicios del 27 de mayo en la rueda de prensa que ofreció en Pekín tras entrevistarse con el consejero de Estado del Gobierno chino, Tang Jiaxuan.
La vicepresidenta subrayó que todo el mundo puede tener la certeza de que tanto las listas como los candidatos que formen parte de las mismas "estarán totalmente dentro de la legalidad o no estarán". "Les aseguro que, como ha dicho el Gobierno desde el primer día, las listas serán examinadas con lupa por el Gobierno, y tengan la misma seguridad de que sólo podrán concurrir a las elecciones aquellas que cumplan en todos sus términos con la ley", añadió.
La vicepresidenta se refirió también a la actitud del PP en este asunto y le pidió que "rectifique" porque su actitud es "claramente irresponsable y, de manera sistemática, está acudiendo a la falsedad y a la mentira para arremeter contra el Gobierno". Tras considerar que el tiempo está demostrando que los dirigentes del PP mintieron al hacer acusaciones como que el Ejecutivo estaba negociando con los terroristas o que su intención era legalizar a Batasuna, aseguró que, en la actualidad, siguen mintiendo. "Son tantas las mentiras del PP que ya nadie puede creerles", aseveró.
Por otra parte, la vicepresidenta fue preguntada por las informaciones en las que se asegura que la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió hace varias semanas retirar la acusación de enaltecimiento del terrorismo que pesaba sobre Arnaldo Otegi por una manifestación en la que se homenajeó al etarra Arkaitz Otazua, muerto en un enfrentamiento con dos agentes de la Ertzaintza a los que intentó asesinar. Fernández de la Vega recordó que en España hay funciones fijadas por la Constitución y los jueces que corresponden al poder judicial y al Ministerio Fiscal, y el Gobierno respeta y va a seguir respetando el ejercicio de la autonomía institucional de cada uno de los órganos en el ejercicio de las funciones que le son propias.
