Sin prisas y con muchas pausas. Al Gobierno, que está cuadrando con calzador los presupuestos del 2005, no le corre ninguna prisa la apertura de la negociación con las autonomías para atajar el galopante déficit de la sanidad pública. Para posponer el diálogo y hacer acopio de datos, el Ejecutivo ha recurrido al socorrido ardid de encargar un informe técnico a un grupo de trabajo. La decisión se tomará el próximo 14 de septiembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que cuenta con representantes del Gobierno y las autonomías.
El pasado julio, el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, propuso al CPFF que estudiase "la actualización del criterio de población" que rige en el modelo de financiación autonómica vigente desde el 2002. Su homólogo gallego secundó esta propuesta, a la que ya han dado luz verde el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
PORCENTAJE POR COMUNIDAD El CPFF se reunirá el próximo martes para comunicar a cada autonomía si cerró el ejercicio del 2003 con superávit o déficit. Solbes, además, divulgará por primera vez el porcentaje de déficit adquirido por cada comunidad autónoma.
El segundo punto del orden del día será, precisamente, la constitución de un grupo de trabajo que analice si el criterio de población debe tener más peso en el reparto de los recursos públicos, y también si hay que actualizar las cifras a causa de la continua llegada de inmigrantes. Este factor encarece la factura sanitaria y la educativa.
El Ejecutivo está resuelto a aplazar el inicio de la negociación sanitaria con las autonomías hasta que este grupo de trabajo elabore sus conclusiones.
El ministro Sevilla reconoció ayer que el creciente déficit de la sanidad autonómica exigirá la adopción de medidas, aunque las circunscribió a la introducción de meros "retoques" en el sistema de financiación.
