El Gobierno denunció ayer sin complejos que las reformas estatutarias planteadas en Euskadi y Cataluña ponen en peligro la "cohesión nacional de España". El titular de Administraciones Públicas, Javier Arenas, expuso esta "preocupación" del Ejecutivo, que el exministro Jaime Mayor Oreja viene aireando, en vistas a las elecciones generales del 2004, por orden del presidente del Gobierno, José María Aznar.

Al presentar un balance sobre la evolución del Estado autonómico, Arenas advirtió de que las reformas del Estatut propuestas desde Cataluña por cuatro fuerzas políticas "llevan implícita una nueva Constitución". El ministro apuntó que la "consideración de Cataluña como nación", unida al proyecto del PNV de convertir el País Vasco en un "Estado libre asociado", entrañan un riesgo para la unidad nacional.

LA DEMANDA SOCIAL

Pese a que los partidos catalanes partidarios de revisar el Estatut --CiU, PSC, ERC e IC-EV-- representan a más del 87% del electorado catalán, Arenas sostuvo que en Cataluña "no hay demanda social que justifique esta reforma". También censuró que las fuerzas catalanas disputen "una carrera para llegar a la meta y ser más nacionalistas que nadie", y sentenció que el Partido Popular no aprecia "motivos para romper el pacto constitucional de 1978".

Frente a esta doble "ofensiva nacionalista" procedente de Cataluña y el País Vasco, el Gobierno y el PP están decididos a erigirse en garantes del marco constitucional. "La reforma de los estatutos no es prioritaria; no vamos a apoyar ninguna reforma que se salga de la Constitución", advirtió Arenas, quien también recordó que tanto el PP como el PSOE "tienen una responsabilidad especial al servicio de la cohesión y la estabilidad". Un mensaje dirigido al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, para que neutralice la reforma que promueve el líder del PSC, Pasqual Maragall.

Sin embargo, ayer Arenas no consultó al primer partido de la oposición antes de anunciar que el proceso autonómico "está prácticamente culminado" y que se cerrará en un año, antes de las generales. Y ello pese a que fueron PSOE y PP los partidos que, en 1992, pactaron impulsar este proceso equiparando a las autonomías de vía lenta a las históricas. Arenas, con todo, dijo confiar en que el PSOE apoye sus propósitos.

El informe presentado por Arenas concluye que España es "uno de los países más descentralizados del mundo" y que ahora se abre "una nueva etapa" en la que debe imperar la "cooperación" entre el Estado y las autonomías, a las que exige "una gestión más eficaz y cercana".