Crear empleo a corto plazo, de nuevo, a través, de la construcción. Y reactivar el flujo del crédito a las empresas convirtiendo al Estado en una especie de banco público. Esos son los dos principales pilares que sostienen la propuesta con 55 medidas que el Gobierno envió ayer a los partidos políticos para buscar acuerdos económicos en la comisión anticrisis que empezó a caminar el jueves. El documento combina inversiones y medidas de recorte del gasto de las administraciones, con el plan de austeridad hasta el 2013 que impone la Unión Europea (UE) como referencia de equilibrio.

También incluye varios guiños a la oposición, centrados en la lucha contra la morosidad y la reducción de los altos cargos. La troika ministerial encabezada por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, iniciará mañana la primera ronda de reuniones bilaterales con todos los partidos con una propuesta "abierta a la negociación". Antes de que acabe abril deberán estar concretadas las alianzas y en verano empezarán a ejecutarse.

HASTA 200.000 EUROS La medida más novedosa conllevará un cambio estructural en el funcionamiento del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Por primera vez, este organismo concederá préstamos directos a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autó- nomos solventes en los que asumirá el 100% del riesgo. El importe máximo del crédito será de 200.000 euros y se contratará, mediante concurso, a una entidad financiera para que se haga cargo de la comercialización de esos productos. Salgado dijo ayer que este año no habrá límite en la concesión de los préstamos.

El ladrillo seguirá siendo el principal muñidor de empleo. Pero el Gobierno propone que el funcionamiento del sector busque su convergencia con Europa, ahora muy lejana, potenciando la rehabilitación. Se plantea extenderla a todo tipo de obras de mejora en una casa, en aras de que participen del IVA reducido (que a partir del 1 de julio será del 8%) al que hasta ahora solo accedían los proyectos de albañilería. Este beneficio fiscal se mantendría, de momento, durante dos años.

Otra medida con calado será la deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual a los contribuyentes con una renta inferior a los 33.007,2 euros. El requisito a cumplir es que estas tengan como objetivo la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para las personas con movilidad reducida. La deducción se aplicará en proyectos con presupuestos de hasta 12.000 euros.

Como complemento, se rehabilitarán 2.000 edificios públicos bajo criterios de ahorro energético (la mitad del Estado y la otra mitad de autonomías y ayuntamientos). También se ampliará el apoyo financiero del ICO a los promotores de viviendas de protección oficial que se vendan.

El resultado de estas medidas, según el Gobierno, llevaría a crear 350.000 nuevos empleos en dos años, incluyendo la recolocación de trabajadores de la construcción que se han quedado en paro por la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria.

GUERRA A LA MOROSIDAD Tal y como habían reclamado el PP, y sobre todo CiU, el Gobierno se propone un plazo máximo de 30 días para que todas las administraciones abonen las facturas a las empresas (en la actualidad se supera con creces). En el caso de los pagos a pymes y autónomos por parte de grandes empresas, el periodo máximo para saldar las deudas será de 60 días.

En la misma línea de tender puentes a la oposición se puede inscribir la aceptación por parte del Gobierno de reducir altos cargos del Estado. Hasta ayer, el Ejecutivo solo había convenido recortar la plantilla y el sueldo de los directivos de las empresas públicas, e incluso recortar la cifra actual de este tipo de sociedades mediante fusiones y concentraciones. El salto cualitativo es importante, aunque Salgado matizó que estarán exentos de los "directores generales hacia arriba". Una alusión directa al mantenimiento de la negativa a recortar el número de ministerios.

La propuesta del Gobierno incluye la definición hasta el 2020 del llamado mix energético. En esta prospección se constata la apuesta por las fuentes renovables, pero sin penalizar a la energía nuclear. La potencia instalada se reducirá en 10 años en 500 megawatios, lo que solo admite en ese horizonte la progresiva desactivación de la central de Garoña.

ECONOMIA SOSTENIBLE La ley de economía sostenible (LES) es la base de buena parte de las medidas presentadas ayer. En la inversión en innovación, desarrollo e investigación (I+D+i), se mantiene el compromiso de llegar al 2,5% del PIB en el 2015.

El documento también incide en acelerar la reestructuración del sistema financiero mediante las fusiones reguladas por el FROB. Para evitar la morosidad de las comunidades y los ayuntamientos se prevé el cobro de intereses de demora y mecanismos de transparencia a través de la obligación de auditar trimestralmente las cuentas.